SME

Union de jubilados y extrabajadores de LyF afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de los ciudadanos mexicanos simpatizantes de nuestra causa
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR!

viernes, 29 de octubre de 2010

El gobierno federal busca “desmovilizar” al SME con mi detención: Márquez (La Jornada de Oriente)

El gobierno federal busca "desmovilizar" al SME con mi detención: Márquez (La Jornada de Oriente)

Viernes, 29 de octubre de 2010

La Jornada de Oriente - Puebla - Justicia
 

La movilización que realizó la organización "28 de Octubre" tuvo como principales demandas la libertad total a los presos políticos, entre ellos, Miguel Márquez y la de su líder Rubén Sarabia "Simitrio", apoyo a los mercados y un reordenamiento integral de los ambulantes  n  Foto Rafael García Otero
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) indicó que la Policía Federal lo detuvo la semana pasada con el fin de "desmovilizar" a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que aún están en resistencia y se niegan a ser liquidados.

El dirigente del SME –quien se encuentra recluido en el penal de San Miguel– tuvo una presencia vía telefónica en el mitin que ayer realizó en el zócalo de la capital poblana la Unión Popular de Vendedores Ambulantes "28 de Octubre" con el fin de celebrar su 37 aniversario, e indicó a los manifestantes: "desde el penal, estoy en pie de lucha".

Posteriormente concedió una entrevista a este diario, y en la misma reiteró: "aunque encarcelen a más miembros del sindicato, no lograrán acabar con el movimiento".

El sindicalista afirmó que la desaparición de la paraestatal no fue principalmente para que el gobierno federal ahorrara recursos económicos, pues existen otras instituciones públicas y sindicatos más caros, sino para eliminar al SME, el cual les representaba un obstáculo para diversos negocios de venta de fibra óptica.

Por ello, Miguel Márquez señaló que el cierre de LFC tiene más motivos políticos que económicos y ante ello también se debe actuar políticamente. Señaló que es ilógico extinguir una empresa pública que ofrece un servicio que no puede desaparecer porque es de vital importancia para la población.

El prosecretario de Divisiones del Comité Central del SME sostuvo que los 16 mil 400 ex trabajadores de LFC que no aceptaron la liquidación del gobierno federal seguirán en resistencia y exigirán ante el Congreso de la Unión la creación de una empresa pública que sustituya el trabajo que realizaban.

Explicó que el abastecimiento del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país se requiere y los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tienen experiencia en dicho rubro, por lo que deben ser nuevamente contratados.

Asimismo, Miguel Márquez acusó que el agente del Ministerio Público federal le negó derecho a fianza debido a que le imputan el delito de retener a dos policías en las instalaciones de LFC en Nuevo Necaxa, lo cual no hizo.

Agregó que se "trata de actos represivos que son instruidos desde el gobierno federal contra el SME por tratar de recuperar las fuentes de empleo, y podré estar en la cárcel, pero no me van a callar".

La movilización que realizó este jueves la organización "28 de Octubre" inició con una marcha desde el mercado Hidalgo y concluyó con un mitin en el zócalo de la ciudad de Puebla. Las principales demandas de los comerciantes fueron: la libertad total a los presos políticos, entre ellos, Miguel Márquez y la de su líder Rubén Sarabia "Simitrio", apoyo a los mercados y un reordenamiento integral de los ambulantes.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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Recrudecerán acciones si Gobernación no responde al gremio / Mitin del SME en el Cereso de Puebla por la libertad de Miguel Márquez

La Jornada de Oriente y Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 20

La detención de Miguel Márquez Ríos, pro secretario de Divisiones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es parte de una estrategia del gobierno federal para desarticular al movimiento de electricistas y desactivar la lucha del gremio, consideró este domingo el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, durante una protesta de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la capital de Puebla.

Este fin de semana, el juzgado noveno de distrito dictó auto de formal prisión y negó la libertad bajo caución a Márquez Ríos, aprehendido el pasado jueves por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad contra personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y elementos de la Policía Federal; así como de delito contra el consumo y la riqueza nacionales e internacional, y daño en propiedad del gobierno federal.

Las causas penales –contenidas en las averiguaciones previas 24/2010-2 del noveno distrito y 01/2010 del quinto distrito– documentan que los delitos se habrían perpetrado el 16 de marzo y 5 de noviembre pasados, respectivamente, cuando integrantes de la División de Nuevo Necaxa del SME emprendieron acciones de resistencia en las instalaciones de la extinta LFC.

Al respecto, Esparza Flores sostuvo que la detención del pro secretario de Divisiones es un golpe para todos los electricistas del país, y busca intentar callar nuestras voces, que se han escuchado muy lejos.

Este domingo, el líder del SME participó junto con 200 personas en un mitin de protesta en el Cereso de Puebla, así como en la llamada Ciudad Judicial, para exigir al gobierno la pronta liberación de Márquez Ríos, a quien consideró preso político.

A lo largo de cinco horas los electricistas lanzaron consignas contra el decreto de extinción de LFC, y contra el secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al menos 60 elementos de la policía estatal y la metropolitana vigilaron las protestas de los electricistas, procedentes, en su mayoría, de Nuevo Necaxa, Hidalgo y la ciudad de México.

Esparza Flores advirtió que las movilizaciones del SME se recrudecerán en los próximos días en caso de que el martes la Secretaría de Gobernación no brinde una respuesta satisfactoria al gremio en torno a la liberación de Márquez Ríos.

El ahora procesado fue detenido el jueves anterior a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, sobre la autopista México-Puebla, cuando viajaba en un autobús acompañado por al menos 100 simpatizantes del sindicato de electricistas, luego de una protesta en el Congreso de Puebla.

Según la Procuraduría General de la República, Márquez Ríos fue detenido con base en dos órdenes de aprehensión: una fue girada por la presunta toma de instalaciones el 16 de marzo, cuando se realizaron las actividades de resistencia de la Huelga Nacional de Electricistas.

Congreso Social Morelos hacia un nuevo Constituyente

Las organizaciones sociales integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales realizaron en Cuernavaca este sábado y domingo el Congreso Social Morelos hacia un Nuevo Constituyente, donde se analizó la situación del país, y elaboraron una propuesta para el congreso nacional que se realizará en la ciudad de México los días 20 y 21 de noviembre.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que se registraron y participaron 150 delegados de unas 20 organizaciones sociales morelenses.


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domingo, 24 de octubre de 2010

Líder del SME es acusado de tres delitos federales

Redacción Poblanerías Viernes, 22 de Octubre de 2010

La orden de aprehensión es por los delitos de privación ilegal de la libertad; contra el consumo y la riqueza nacionales e intencional de daño en propiedad ajena.

Puebla, Puebla.- La orden de aprehensión contra Miguel Márquez Ríos, Pro Secretario de Divisiones del Comité Central del SME, División Necaxa, se derivó de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad; contra el consumo y la riqueza nacionales e intencional de daño en propiedad ajena.

En un comunicado emitido por la Delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR), la dependencia señaló que el 16 de marzo de 2010, simpatizantes del SME, encabezados por el inculpado tomaron las instalaciones de las subestaciones ubicadas en "La Mesa", "El Salto" y "El Carmen", no permitiendo la salida de personal de Comisión Federal de Electricidad y de la Policía Federal que se encontraba resguardando las mismas, ocasionando daños a los inmuebles.

Mientras que el 5 de noviembre de 2009, un grupo de entre mil y mil 500 personas simpatizantes del SME y lideradas por Márquez Ríos, bloquearon las puertas de las instalaciones de la extinta LyFC de "La Mesa", la entrada de la Hidroeléctrica Necaxa y la subestación "El Salto".

Los mandamientos judiciales contra esta persona fueron cumplimentados por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con apoyo de elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial del estado, a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan, Puebla, cuando viajaba en un autobús acompañado por aproximadamente 40 simpatizantes del SME.

En consecuencia, Márquez Ríos fue internado en el Centro de Readaptación Social de la entidad a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

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sábado, 23 de octubre de 2010

Mexico: el pais con mas anuncios de comida chatarra

Mexico, 23 Oct.

(Notimex).

- El Instituto Nacional de Nutricion de Ciencias Medicas y Nutricion-Salvador Zubiran, revelo que Mexico es el pais con la mayor cantidad de anuncios de comida chatarra que se difunden por television.

Investigadores del Instituto, indicaron que el estudio La Desnutricion Infantil y Obesidad en la Pobreza en Mexico: ``El alto riesgo de perder el bono demografico'', dio como resultado que en el pais un nino que pasa en promedio dos horas diarias frente a la television habra visto mas de 12 mil 400 anuncios de comida chatarra en un ano.

Los datos se dieron a conocer al instalarse el Grupo de Trabajo de la Camara de Diputados que da Seguimiento a la Problematica de Obesidad y Desnutricion que afecta a la Poblacion.

El especialista Abelardo Avila Curiel, relato que Joseph Goebbels, ministro de propaganda Nazi, requirio de tres mil mensajes para persuadir a sus connacionales sobre el regimen del Tercer Reich.

``Ahora nuestros ninos reciben 12 mil impactos publicitarios al ano y llevan tres generaciones con esta conviccion, no es casualidad, sino causalidad que Mexico sea un pais con gran obesidad infantil'', subrayo.

Explico que durante los ultimos anos, los habitos alimenticios de los mexicanos han sufrido una transformacion radical, al haberse vuelto sus principales consumibles los azucares, las grasas, la sal, y los productos de origen animal.

Dijo que la ingesta de leguminosas ha caido a la mitad en los ultimos 20 anos, lo cual en terminos nutriologicos es grave porque su consumo disminuyo a expensas de alimentos con carbohidratos.

Avila Curiel destaco que la industria de la comida chatarra genera 60 mil millones de dolares al ano, por lo que se requiere de una estrategia integral para disminuir y erradicar la epidemia de la sociedad actual.

Ya que esto reduce el indice de productividad y aumenta el costo de la atencion de enfermedades relacionadas con la obesidad, asevero.

Mientras que el subsecretario de Prevencion y Promocion de la Salud, Mauricio Hernandez Avila menciono que la meta es detener para el ano 2012 la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en la poblacion de 5 a 19 anos.

Senalo que de 1980 a la fecha, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se triplico, con lo que mas de cuatro millones de ninos de entre 5 y 11 anos tienen sobrepeso u obesidad.

NTX/MPG/RMJ/CONFE 


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viernes, 15 de octubre de 2010

SME entrega a partidos plan para crear nueva comisión de electricidad (La Jornada)

No requiere un presupuesto adicional, pues operaría con la infraestructura existente

PRD y Convergencia se comprometen a impulsar el proyecto en el Poder Legislativo

Foto
Los electricistas en resistencia marcharon por Insurgentes Norte, entre otras vialidades. En la zona realizaron un mitin frente a la sede nacional del PRIFoto Alfredo Domínguez
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 18

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por su líder Martín Esparza, entregaron a las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia la propuesta para crear una nueva empresa, comisión de electricidad del centro, en sustitución de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC). Ambas dirigencias partidistas ratificaron su compromiso de acompañar la causa del SME y ofrecieron impulsar la propuesta presentada por los trabajadores.

Esparza explicó que esta creación no requeriría un nuevo presupuesto, pues la empresa operaría con la infraestructura ya existente y comenzaría a operar con alrededor de 16 mil trabajadores que no han cobrado su liquidación de LFC.

Hoy planteamos, para resolver el conflicto y ratificar el compromiso de los trabajadores con el país, que los que no hemos renunciado a nuestro derecho al trabajo estamos dispuestos a regresar a él, a solucionar las fallas y a mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, para que los usuarios tengan un servicio con eficiencia y a un precio que puedan cubrir, pues hoy se ven en la disyuntiva de comer o pagar la luz, dijo el dirigente electricista en conferencia de prensa en la sede del PRD.

En su oportunidad, el presidente nacional de este partido, Jesús Ortega, ofreció que el grupo parlamentario del sol azteca impulsará desde el Congreso la propuesta entregada por los trabajadores electricistas, y que dichos legisladores la hagan suya y que la presenten en el menor tiempo posible ante el pleno, que se siga el trámite y se discuta a fondo, y en su caso se apruebe, para posteriormente hacerla llegar al Senado y convertirla en ley.

En la sede de Convergencia los dirigentes fueron recibidos por el secretario general, Armando López Campa, y el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Pedro Jiménez León. Martín Esparza denunció las irregularidades en el proceso de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Mientras tanto, el diputado federal Pedro Jiménez asumió el compromiso de presentar la iniciativa y aseguró que el proceso de desaparición de la citada empresa paraestatal es inconstitucional. Hizo referencia a la inseguridad que priva en el país y aseguró que sólo generando empleo y programas que hagan que la gente se sienta bien, se podrá resolver este problema.

López Campa, secretario general de Convergencia, reiteró que ese partido, por conducto de su grupo parlamentario en el Senado, continuará dando asesoría jurídica al sindicato.

Los trabajadores del SME también entregaron su propuesta a las dirigencias del resto de los partidos políticos y a la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, según informó el propio Martín Esparza.


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lunes, 11 de octubre de 2010

Exige SME formar otra empresa de electricidad (La Jornada)

Rubicela Morelos, corresponsal
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de octubre de 2010, p. 14

Cuernavaca, Mor. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exigieron al gobierno federal la creación de una empresa pública generadora de electricidad en la zona centro del país, su recontratación y la toma de nota de su sindicato. A un año de que el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la madrugada del 11 de octubre de 2009, el secretario de Divisiones de la dirigencia nacional del SME, Miguel Ríos Márquez, exigió en un mitin este domingo, en el zócalo de esta capital, la creación de una empresa pública de electricidad en la zona central del país. Demandó que cese la corrupción de las empresas contratistas y la CFE, que sólo están saqueando a nuestra empresa (LFC); y la reinstalación de los 16 mil trabajadores que siguen luchando dignamente. Advirtió que los integrantes del SME lucharán hasta recuperar sus empleos. Ríos Márquez convocó a todos los sindicatos de México a unirse y defender los contratos colectivos de trabajo. Pidió apoyo a los ciudadanos que eran usuarios de LFC. El mitin que encabezaron Ríos Márquez y el dirigente de la División Cuernavaca del SME, Héctor Salazar Porcayo, contó con la presencia de los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Jaime Sánchez Vélez, de los partidos del Trabajo y Revolucionario Institucional, respectivamente.

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México SA / A un año del decretazo / Promesas incumplidas / El quid de la extinción (La Jornada)

Carlos Fernández-Vega
Foto
Asamblea de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Palacio de los Deportes, realizada el pasado 6 de octubre, donde votaron por reanudar las movilizaciones debido a la falta de acuerdos con el gobierno federal. Hoy marcharán hacia el ZócaloFoto Víctor Camacho
J

usto un año atrás, el inquilino de Los Pinos decretó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. En esa ocasión, entre tantos otros compromisos, anunció que he dado instrucciones a la administradora de LFC (la Comisión Federal de Electricidad) para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. Así, de un plumazo, dejó en la calle y sin ingreso a 45 mil personas.

Doce meses después, de acuerdo con cifras oficiales, la recontratación del mayor número posible de ex trabajadores de LFC se traduce en que sólo dos de cada cien de ellos fueron efectivamente recontratados, es decir mil 250 de 45 mil en total, lo que arroja un promedio de tres por día. De ese tamaño ha sido el cumplimiento del compromiso calderonista hecho público aquel domingo 11 de octubre de 2009, a escasas horas del decretazo de extinción. De hecho, fue tan cabal la palabra del inquilino de Los Pinos que en marzo pasado, a cinco meses del anuncio, de la Secretaría de Gobernación salió el siguiente exhortó al sector privado "para que contrate a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues la solución de este conflicto le corresponde a todos y no sólo al gobierno… el tema es una cuestión social y su solución conviene a toda la sociedad, (los empresarios) debieron apoyar en la contratación de los ex trabajadores, pues a todos conviene que ellos encuentren futuro y con ellos se coadyuve a la reactivación económica… se hace un llamado a los gobiernos de los estados en los cuales funcionó LFC, para que también participen en esquema de reinserción de trabajadores".

Desde luego que lo anterior no sorprende, porque si algo caracteriza al inquilino de Los Pinos y a su autodenominado gobierno de la continuidad es el permanente cuan grotesco incumplimiento de promesas y compromisos, y ejemplos sobran. El problema es que los ex trabajadores de la otrora paraestatal, como tantos otros millones de mexicanos, no tienen la mínima posibilidad de reincorporarse a la economía formal, de tal suerte que a un año del decretazo no han tenido mayor alternativa que sobrevivir en el sector informal, poner un changarro o simplemente engrosar las filas del desempleo.

El 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón aseguró que la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro se debió a que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Pero, ¡sorpresa! Extinta la paraestatal, un mes después de esa justificación, y a propuesta del inquilino de Los Pinos, se aprobaron nuevos impuestos y el incremento de los existentes para que en 2010 los mexicanos de siempre pagaran fiscalmente mucho más que cuando LFC estaba en operación, amén que a los hogares comenzaron a llegar inflados recibos por consumo de electricidad (30 por ciento más, en el caso de este tecleador), empeoró la calidad del servicio y los apagones se hicieron cosa de todos los días.

Según el inquilino de Los Pinos, los únicos culpables de los niveles verdaderamente insostenibles, del caótico panorama por él descrito fueron los trabajadores de la extinta paraestatal. De nada sirvió el recordatorio de que la empresa contaba con una junta de gobierno que tomaba las decisiones, órgano presidido por la secretaria de Energía del calderonato, Georgina Kessel, y en el que participaban representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (Agustín Carstens en ese entonces; actualmente en el Banco de México), Desarrollo Social (Ernesto Cordero, hoy secretario de Hacienda), Economía (Gerardo Ruiz Mateos, de regreso en Los Pinos como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Juan Rafael Elvira Quesada), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (José Luis Luege), además del director general de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub, el de la empresa de soborno mundial), el director general de LFC (Jorge Gutiérrez Vera) y tres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ninguno de ellos, salvo los del SME, fue sancionado por alcanzar niveles verdaderamente insostenibles (Calderón dixit) y se mantienen (o han mejorado) en sus puestos.

Apenas dos semanas después del decretazo se confirmó la verdadera razón de la extinción de LFC: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que se licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a la Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio, vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Entonces, no era la onerosidad (Gómez Mont dixit) de la ex paraestatal, sino que el SME impedía la privatización de este segmento. Casualmente, esta mina de oro quedó en manos del único postor (Televisa-Megacable-Telefónica), que explotará más de 21 mil kilómetros de dicho tendido. ¿Queda claro el quid del decretazo?

Para Calderón lo demás es lo de menos. Como bien señala el editorial dominical de La Jornada, el tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE; en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad han colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.

Las rebanadas del pastel

Dos sensibles bajas: la de la tía Ana, refugiada de la guerra civil española que vivió en México casi siete décadas, tras el campo de concentración de Argelésen, en Perpignan, Francia, y el periplo por República Dominicana y Cuba, y la de Pepe Galán, hijo del exilio español, como yo comprenderé. Un fuerte abrazo para su familia y otro para la propia.


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Integrarán hoy el frente de usuarios inconformes con altos cobros de luz (La jornada)

Comienza nueva fase de movilizaciones de ex trabajadores de LFC

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de octubre de 2010, p. 12

Este 11 de octubre los más de 16 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no aceptaron su liquidación marcharán al Zócalo junto con diversas organizaciones laborales y sociales, para recordar que pese a todo, se mantienen en resistencia a un año de que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Este gremio incluso conformará mañana un nuevo frente de usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona centro del país, en el que se aglutinará a diversos grupos que están en contra de los incrementos de tarifas o que han resultado afectados por los cobros excesivos, y será en una sesión en el edificio sede del SME alrededor del mediodía cuando se espera concretar esta nueva organización.

Luego de este acto, los trabajadores se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez, de donde marcharán hacia el Zócalo capitalino, y ahí darán a conocer su plan para la nueva fase de movilizaciones, que hoy inicia.

Abogados del SME hicieron un breve recuento de lo que ha sido la lucha jurídica de este gremio durante un año, luego del decreto de extinción de LFC. Señalaron que los procesos legales que interpuso el sindicato para enfrentar el decreto del Ejecutivo que dejó a 44 mil personas sin trabajo, ha puesto en evidencia que en México se han politizado los temas laborales y se ha pervertido la imparcialidad de algunos tribunales, de las juntas de conciliación y juzgados de distrito en la materia.

Señalaron que incluso, al validar el decreto del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una resolución con base en criterios más políticos que jurídicos.

Carlos de Buen abogado experto en temas laborales, y Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, expusieron en entrevistas que mientras el gobierno operó desde el primer día para dar carpetazo jurídico al conflicto, a un año de la extinción de LFC no ha logrado cerrar definitivamente el expediente legal.

Agregan que no termina de resolverse el tema, porque subsiste la demanda del SME para que la CFE sea el patrón sustituto de los 16 mil 300 trabajadores que no han aceptado la liquidado. A la par, hay miles de juicios de ex empleados de LFC que, aun cuando ya recibieron su finiquito, también demandan su reinstalación.

A escala internacional, el sindicato sigue procesos legales ante la Organización Internacional del Trabajo y la instancia trinacional del Acuerdo Laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, por violaciones a la libertad sindical en México.


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domingo, 10 de octubre de 2010

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza Titulares de La Jornada

Foto
Asamblea del SME en el Palacio de los Deportes, el miércoles pasado Foto Víctor Camacho

Pendientes de cumplir, acuerdos tomados en la mesa de negociación de alto nivel realizada en Bucareli

Mañana, nueva jornada de protesta sindical

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

La CFE delegó tareas sustanciales para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país a contratistas que no cuentan con la preparación ni la infraestructura necesaria para hacerlo.


Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

El joven indígena fue enganchado por contratistas; para la empresa y la STPS no existe

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Continúa búsqueda de soluciones al conflicto con el SME, afirma

Fabiola Martínez
Ángeles Cruz Martínez
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Los usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 68 mil quejas contra la CFE por incrementos excesivos en el cobro del servicio, que superan hasta 500 por ciento el monto de lo que pagaban antes de la extinción de LFC, señaló el abogado Jesús Luna.


Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Responsabiliza al PRI si no se logran las reformas legales necesarias para ello

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

La CFE delegó tareas sustanciales para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país a contratistas que no cuentan con la preparación ni la infraestructura necesaria para hacerlo.

Fabiola Martínez
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

El joven indígena fue enganchado por contratistas; para la empresa y la STPS no existe

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Continúa búsqueda de soluciones al conflicto con el SME, afirma

Fabiola Martínez
Ángeles Cruz Martínez
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Los usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 68 mil quejas contra la CFE por incrementos excesivos en el cobro del servicio, que superan hasta 500 por ciento el monto de lo que pagaban antes de la extinción de LFC, señaló el abogado Jesús Luna.

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Responsabiliza al PRI si no se logran las reformas legales necesarias para ello

Patricia Muñoz y Susana González
Alma E. Muñoz
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Las cosas no se arreglan gratis: Canacintra

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Los usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 68 mil quejas contra la CFE por incrementos excesivos en el cobro del servicio, que superan hasta 500 por ciento el monto de lo que pagaban antes de la extinción de LFC, señaló el abogado Jesús Luna.


Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Las cosas no se arreglan gratis: Canacintra

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Golpe a LFC: recuento de daños (La Jornada)


A12 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y la posterior extinción de esa entidad pública por vía de un decreto presidencial todavía cuestionado –por más que su constitucionalidad haya sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo no menos polémico–, el gobierno federal ha sido incapaz de revertir los agravios cometidos por esa medida contra los derechos laborales, la libertad sindical y la propiedad pública. Adicionalmente, y a contrapelo del cálculo original del grupo gobernante, la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el suministro en las entidades en que operaba LFC ha contribuido a exacerbar la percepción del decretazo mencionado como una acción injusta, improcedente y nociva para la viabilidad de la zona centro del país.

El tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE: en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad ha colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes –inundaciones por pérdida de capacidad de bombeo y drenaje; mayores atascos de tránsito; fallas en el transporte colectivo y deterioro de la seguridad pública– y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.

Aunque la empresa encabezada por Alfredo Elías Ayub no ha hecho públicos los datos oficiales sobre la calidad del servicio eléctrico en la zona centro del país, ésta se puede ponderar con base en la inconformidad ciudadana hacia el trabajo de la entidad paraestatal. Significativamente, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 9 mil expedientes en contra de la CFE entre octubre de 2009 y septiembre de este año –casi 3 mil más respecto del mismo periodo entre 2008 y 2009– y las quejas diarias de usuarios ascendieron a 25 durante los últimos 12 meses, contra las 17 que se recibieron un año antes de la extinción de LFC.

Hasta ahora, los intentos gubernamentales por culpar al SME de acciones de sabotaje en instalaciones de LFC han carecido de las pruebas correspondientes y han chocado con el comportamiento pacífico y ejemplar de ese sindicato y de su entorno social de apoyo. Es mucho más claro el vínculo entre el deterioro en el servicio eléctrico y la incapacidad del personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para remplazar a LFC y sus trabajadores en una tarea que de suyo se había vuelto complicada: y es que, en efecto, LFC acusaba un severo deterioro desde antes de su extinción, pero éste se debía a la determinación oficial de propiciar la obsolescencia de ese organismo y de negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración.

Por lo demás, el año transcurrido también ha significado una derrota para los planes gubernamentales de desactivar un movimiento integrado actualmente por 16 mil 300 trabajadores electricistas, que ha resistido a campañas de desprestigio y a la hostilidad gubernamental y que hoy cuenta con vigencia y con una demostrada capacidad organizativa. En la circunstancia presente, el desastroso desempeño de la CFE en la zona operada por LFC, las condiciones de inseguridad en que opera el personal subcontratado por el organismo paraestatal y las afectaciones que ello ha supuesto para millones de usuarios en el último año tendrían que ser motivos suficientes para que el gobierno federal atienda las demandas de otorgamiento de la toma de nota a la dirigencia del SME y la recontratación colectiva de sus integrantes bajo la figura de patrón sustituto. Tales reivindicaciones no sólo tienen viabilidad jurídica, dado que no fueron atacadas por el referido fallo del máximo tribunal: ante la precariedad que enfrenta el corazón político y económico de la nación, la reinstalación, en sus puestos de trabajo, de electricistas con probada capacidad y experiencia se presenta como una medida de obvia sensatez y necesidad.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente
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Pide CFE $13 mil millones para atender zona centro (La Jornada)

Aniversario del sabadazo en luz y fuerza

Las cosas no se arreglan gratis: Canacintra

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 5

A un año de que la CFE se hizo cargo del suministro de energía eléctrica en la zona centro del país, en su demanda de presupuesto de inversión para 2011 argumenta que la red del sistema presentará instalaciones saturadas, ocasionando sobrecarga en equipos e instalaciones y degradación en sus aislamientos, incremento en los tiempos de interrupción por usuario y problemas en la regulación de tensión, de acuerdo con el estudio de mercado eléctrico y con la proyección de demanda de energía.

El importe requerido por la CFE para 2011, sólo para mantenimiento y distribución en la zona centro del país, es de unos 13 mil 343 millones de pesos. De contar con estos recursos, añade, se evitará la saturación de bancos de transformación con niveles de alta tensión, generando ahorros operativos en redes de distribución obsoletas y lejanas de las cabeceras municipales, por lo que se podrá satisfacer el incremento de la demanda de energía eléctrica proyectada en las subestaciones de distribución, así como atender contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.

Al respecto, Gilberto Ortiz, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), opinó que es necesario que la CFE cuente con los recursos suficientes para atender la zona centro del país (Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Morelos y estado de México), así como una estrategia bien diseñada con la que se aprovechen los cuadros técnicos capacitados de CFE y no sean desplazados por las compañías contratistas.

Si queremos resultados, el gobierno debe asignar los recursos necesarios, porque las cosas no se arreglan gratis. Además, el gobierno creó este problema que se arrastra desde que a la extinta LFC le fueron negados los recursos financieros necesarios para dar un mantenimiento óptimo a las instalaciones.

Gilberto Ortiz alertó que ahora se pretende la privatización paulatina en el suministro de energía en la zona central del país, con los planes de construir inicialmente una central eléctrica, de tres, en el estado de Morelos, pero mediante una licitación internacional para que empresas privadas construyan las obras.

Debido a las contantes fallas de suministro de la energía eléctrica, recordó que desde que daba el servicio LFC en Canacintra se conformó un comité que encabeza Carlos González, y cuando vino el cambio se decidió que continuara este comité con la CFE y se ha observado que el servicio ha mejorado 30 por ciento, al menos en la reducción en el tiempo de interrupción.

La CFE ha informado que en el primer año de operaciones en la zona central del país se han modernizado 34 subestaciones, se han cambiado 3 mil transformadores y se han habilitado 40 centros de atención.

Informes del Banco de México señalan que en el periodo comprendido entre la segunda quincena de septiembre de 2009 a igual periodo de 2010, el precio de la energía eléctrica ha tenido un incremento 135 por ciento superior al de la inflación general de la economía. En este lapso la luz registró un aumento de 8.83 por ciento en su precio; mientras que la inflación general fue de 3.75 por ciento.


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68 mil quejas ante Profeco por cobros excesivos de CFE (La Jornada)

Patricia Muñoz y Susana González
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 4

Los usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 68 mil quejas contra la CFE por incrementos excesivos en el cobro del servicio, que superan hasta 500 por ciento el monto de lo que pagaban antes de la extinción de LFC, señaló el abogado Jesús Luna.

Las denuncias, agregó el litigante en estos procesos, también son por cobros duplicados, recibos locos con facturas por decenas de miles de pesos y descomposturas en aparatos electrodomésticos debido a las variaciones de voltaje en la zona centro del país.

En tanto, cifras oficiales de la Profeco precisan que de octubre de 2009 a septiembre de 2010 integró 9 mil 309 expedientes contra la CFE, 31 por ciento más de las acumuladas en el periodo de octubre 2008 a septiembre de 2009.

La CFE, paraestatal a cargo del servicio que daba LFC, se mantiene en los primeros lugares de las empresas que generan el mayor número de inconformidades en la población.

Las cifras oficiales emitidas por Profeco están muy por debajo de las inconformidades de los ciudadanos hechas por escrito o mediante llamadas telefónicas, mismas que la Profeco desecha y deja fuera de sus registros porque –afirma– no cumplen con los requisitos que marca la ley para admitirlas en el rango de quejas. Así ocurrió con la mayoría de los miles de expedientes de consumidores que el SME ha entregado de octubre a la fecha o las recurrentes llamadas telefónicas para reportar apagones.

Pese a sus criterios para procesar denuncias, las cifras gubernamentales arrojan un aumento de quejas contra CFE: el promedio diario se ubicó en 25 durante los últimos doce meses o una por hora, contra las 17 por día que recibió antes de la extinción de LFC. El mes pasado, la empresa llegó al máximo histórico de mil 246 expedientes, esto es, 41 quejas por día, que significa un aumento de 70 por ciento en comparación con las 529 correspondientes al mismo mes de 2008. Sin embargo, el monto de las multas para CFE de enero a septiembre de este año es de apenas 901.4 mil pesos.

El abogado Luna precisó que de las quejas en referencia, la Profeco desechó de entrada 4 mil 300 por falta de datos o porque no estaban suficientemente sustanciadas; sólo en 700 asuntos ha logrado que acudan representantes de la CFE a las audiencias con los consumidores y, a la fecha, no ha emitido ningún acuerdo para resolver las demandas pendientes de los usuarios.

Como encargado de presentar las demandas, dijo que en promedio cada mes se han recibido casi 5 mil 700 quejas contra la CFE; a esa cantidad tendrán que sumarse las presentadas en Morelos, estado de México y otros.

Señaló además que los usuarios afectados han tenido que peregrinar ante diversas instancias desde el "inútil call center donde contestan trabajadores desde Sonora, Guadalajara o quién sabe dónde" hasta las escasas oficinas que la CFE ha montado para atención al público, donde los usuarios pasan medio día formados para que sólo les reciban sus documentos y les digan que luego vuelvan.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) puntualizó que la Profeco no tiene la infraestructura necesaria para atender a los quejosos: se limita a elaborar oficios con respuestas iguales para todos los inconformes, no fija fecha de audiencias conciliatorias y sugiere que los reclamos se presenten vía civil. En otras palabras, es un portazo a las narices de los usuarios. Es un háganle como quieran, advirtió la ANAD.


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AHANAOA A. C.
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Aniversario del sabadazo en luz y fuerza / Mantienen viva la resistencia más de 16 mil electricistas / (La jornada)

Pendientes de cumplir, acuerdos tomados en la mesa de negociación de alto nivel realizada en Bucareli

Mañana, nueva jornada de protesta sindical

Foto
Asamblea del SME en el Palacio de los Deportes, el miércoles pasadoFoto Víctor Camacho
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Policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Marina Nacional la noche del 10 de octubre del año pasadoFoto Alfredo Domínguez
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 2

Cuando el gobierno federal emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, calculaba que bastarían unas cuantas semanas para vencer cualquier oposición, pero un año después, 36 por ciento de la plantilla original de 44 mil trabajadores se resiste a quedarse sin empleo en el sector eléctrico y no ha aceptado la liquidación.

Al mismo tiempo, en la administración calderonista hay dos posiciones en pugna: la Secretaría del Trabajo insiste en que la extinción es cosa juzgada, mientras en Gobernación sigue abierta una mesa de negociaciones en busca de alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto laboral.

También continúa en disputa la zona de influencia que tenía LFC, con un mercado que equivalen a 25 por ciento del total de venta de energía eléctrica en todo el país. Luz y Fuerza atendía a más de 22 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal y 132 municipios de entidades vecinas: 82 en el estado de México, 45 en Hidalgo, dos en Morelos, y tres en Puebla, con una facturación anual de alrededor de 55 mil millones de pesos .

La impugnación del decreto presidencial llevó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a un litigio que se resolvió en julio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la medida.

El Ejecutivo argumentó que para 2009 las transferencias de recursos públicos a LFC serían de 41 mil 945 millones de pesos y que de continuar el mismo comportamiento esta cifra podría llegar a 300 mil millones al final del sexenio. Agregó que el pasivo laboral era de 240 mil millones.

El SME refutó la intensa campaña publicitaria del gobierno y aseveró que los costos se incrementaron por el aumento desmedido del precio de la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Del aspecto laboral, documentó que la administración calderonista infló las cifras 133 por ciento porque ese indicador se ubicaba en 102 mil 990 millones de pesos.

Sin embargo, la sentencia de la SCJN dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores reclamen su reinstalación, con base en lo cual siguen su curso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas, con el argumento de que la CFE es el patrón sustituto.

El mismo día del decreto, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE el oficio 300.250/2009 para poner inmediatamente a disposición de esta paraestatal todos los bienes de LFC con el fin de que se asegure la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica.

Al SME no le ha faltado determinación para mantener vivo su movimiento.

Una huelga de hambre colectiva, de casi cien días, hizo posible la instalación de una mesa de negociaciones en Gobernación. El gremio promueve un proyecto de ley para la creación de una empresa que sustituya a LFC en la zona central del país.

Los electricistas han encabezado gigantescas movilizaciones, acompañados de organizaciones sindicales y sociales; recurrieron a formas extremas de protesta como –además de las huelgas de hambre– la extracción de sangre (para hacer pintas). Han hecho visitas a la casa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, bloqueos de calles y avenidas, mítines, demandas internacionales, promoción de amparos de usuarios, boteos, actos políticos, foros, recolección de firmas, entre muchas otras acciones cotidianas para exigir su reinstalación.

La extinción

Los planes gubernamentales para desaparecer LFC se fraguaron durante meses, al tiempo en que era evidente la fractura en el SME, por un conflicto electoral.

En 2009, este sindicato –entonces a punto de cumplir 95 años de existencia– se dividió por la rivalidad entre dos fracciones: una encabezada por Martín Esparza y otra por Alejandro Muñoz, ex tesorero del gremio.

Ese proceso, que dio como ganador a Esparza apenas con un margen de 300 votos, fue impugnado, lo que dio pie a la Secretaría del Trabajo a negar la toma de nota para ese dirigente y su comité.

Mientras el SME estaba inmerso en su conflicto interno, el gobierno preparaba con sigilo la toma de instalaciones de LFC con el apoyo de cientos de elementos de las fuerzas federales.

El sábado 10 de octubre, después de las nueve de la noche, empezaron a sacar por la fuerza a los trabajadores que estaban de turno y, de inmediato, personal de la CFE tomó el mando del cerebro de operación de la red eléctrica. Esa fecha fue considerada ideal para hacer el operativo –calificado de sabadazo–, ya que la atención masiva estaba puesta en el pase de la selección nacional de futbol al Mundial de Sudáfrica.

Luego de que se difundieron las primeras imágenes de la entrada de la fuerza pública a instalaciones de LFC, los trabajadores se trasladaron a la sede del SME. El cruce de Antonio Caso e Insurgentes, donde está el edificio sindical, fue abarrotado por cientos de hombres y mujeres que llegaron consternados, desorientados, asustados e incrédulos.

Encerrados adentro, los dirigentes trataban de salir del shock para decidir si enfrentaban a los uniformados o seguían la vía jurídica y de las movilizaciones. Optaron por lo segundo. Incluso hubo un fugaz acercamiento entre los grupos de Esparza y Muñoz, supuestamente para luchar juntos contra el decreto. La intención duró poco.

El antagonismo de los dirigentes terminó de fracturar al SME, con acusaciones mutuas de corrupción en perjuicio de las arcas sindicales. Los trabajadores en resistencia señalan a Muñoz como ariete del secretario Lozano para debilitar al sindicato.

Doce meses después, esta lucha no ha concluido. Faltan definiciones legales respecto a la existencia misma del SME (requieren el reconocimiento oficial a sus dirigentes para tener recursos y representación jurídica). Además siguen pendientes las resoluciones a las demandas de reinstalación y los resultados de la mesa de negociación de alto nivel en Bucareli, hacia la posible creación de una empresa que dé el servicio de energía eléctrica donde operó LFC.

Por lo pronto, integrantes del grupo de 16 mil 300 trabajadores que insisten en que no aceptarán la liquidación estarán nuevamente este lunes en las calles al frente de otra jornada de protesta.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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sábado, 9 de octubre de 2010

Las propiedades ocultas de Calderón (proceso.com.mx)

Las propiedades ocultas de Calderón (proceso.com.mx)
Daniel Lizárraga

MÉXICO, D.F., 14 de marzo (Proceso).- Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como "socia", Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.

Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra "L".

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1741 de la revista Proceso, ya en circulación.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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El FMI y la generación perdida / (La Jornada)


En el contexto de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se realiza en Washington, el director gerente del primer organismo, Dominique Strauss-Kahn, indicó que como consecuencia de la crisis económica de 2008-2009 se perdieron alrededor de 30 millones de empleos durante el año pasado, y pronosticó que deberán crearse 450 millones de plazas laborales en la próxima década para atender la demanda de jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo. A decir del funcionario, el severo déficit de puestos constituye una afectación a la estabilidad social que amenaza a la democracia e incluso a la paz, y coloca al mundo ante la perspectiva de una generación perdida, condenada a la falta de empleo.

Los señalamientos del FMI son, por principio de cuentas, una confirmación de la precaria situación que enfrenta la economía mundial como consecuencia de la mayor recesión en décadas, circunstancia que desvirtúa el desmedido optimismo de algunos gobiernos –incluyendo el de México– respecto de los signos de una recuperación económica por demás incierta e insatisfactoria. El propio FMI ha ajustado a la baja sus expectativas de crecimiento mundial y ha indicado que se prevé una desaceleración temporal durante la segunda mitad de 2010 y la primera mitad de 2011. Los pronósticos de empeoramiento de la situación económica ensombrecen aun más un panorama que no sólo enfrenta el lastre de la desocupación –unas 210 millones de personas en el mundo carecen de empleo, según datos del propio organismo–, sino también una proliferación de la desvalorización laboral: ayer mismo, la Organización Internacional del Trabajo indicó que la mitad de la fuerza laboral del mundo tiene un empleo precario y ocho de cada 10 personas en el planeta no goza de mecanismos de seguridad social.

Pero si la advertencia formulada ayer por el director del FMI se muestra –a la luz de los datos disponibles– dolorosamente acertada, su diagnóstico resulta cuando menos incompleto, si no es que incongruente. Y es que la incapacidad actual de las economías del planeta para generar empleos suficientes y dignos es atribuible en buena medida a la aplicación de directrices económicas como las que ese órgano financiero multinacional ayudó a imponer en diversas naciones en los pasados cinco lustros: liberalización de capitales y mercancías, apertura indiscriminada de mercados, flexibilización laboral y aniquilamiento de las conquistas sindicales, reducción del Estado por vía de privatizaciones y contracción del presupuesto estatal en áreas sociales.

Ante las turbulencias financieras magnificadas por la globalización, como la que acaba de tener lugar en todo el mundo, el FMI se ha limitado a la aplicación de un guión harto conocido –sacrificar a los sectores mayoritarios, tranquilizar a los inversionistas, achicar el sector público, congelar salarios y liberar precios– y ha gravitado así como factor determinante para que naciones pobres como la nuestra sean incapaces de reactivar sus economías y mercados internos, elementos sin los que difícilmente se podrá remontar el actual déficit de empleos.

El alineamiento del FMI al modelo económico neoliberal –aún vigente, a pesar de su manifiesto fracaso a escala mundial–, y las consecuencias que se desprenden de ello, han contribuido a colocar al planeta en la perspectiva de tener una generación perdida y cabe preguntarse, inclusive, si con la advertencia formulada ayer Strauss-Kahn no peca de optimismo, pues parecen ser ya varias las generaciones sacrificadas.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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Recordando: La noche del 10 de octubre de 2009, ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro


189 días de digna, honrosa y meritoria lucha de miles trabajadores electricistas que ante la adversidad y su despido injustificado se han mantenido en pie,
siendo un ejemplo de lucha para la clase obrera



Contralínea: El año de hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

La razón nos asiste, los que administraban eran el personal de confianza, es decir, el Gobierno Federal

Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal

La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.

En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.

Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 "Servicios Generales".

La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.

El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la "quiebra" aludida por Felipe Calderón.

Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos "de confianza" encabezados por Gutiérrez Vera.

Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una "caja confidencial" por 20 millones 704 mil pesos.

A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para "Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, "Anticipos gastos funeral", "Otros anticipos", "Salarios no cobrados", "Anticipos por vacaciones".

En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una "caja confidencial" –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.

La auditoría evidencía un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.

La misma Subdirección manejó una cuenta de "Bancos Fondos de Inversión", en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.

Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.

Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de "gastos menores, urgentes e inaplazables", sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.

De la "caja chica", utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.

Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un "operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A". En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.

Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para "desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal". El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos "como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto".

Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.

En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.

El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.

El proyecto para "Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México" consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.

Ya en la ejecución hubo gastos "inflados". Por ejemplo, el "cambio de voltaje" costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.

El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.

La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, "derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda".

Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.

En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.

Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los "Fondos fijos", se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.

Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.

En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.

Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento "en garantía" (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.

Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo "no fueron los adecuados", para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.

Al analizar los egresos del rubro "Servicios generales", que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron "debilidades y deficiencias" en el control interno.

A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, "en una recuperación menor de los bienes asegurados".

Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de "Servicios generales" se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales "sin la debida justificación", hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.

En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/el-ano-de-hidalgo-en-luz-y-fuerza-del-centro/

Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la "Sugerencia de normatividad" de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.

Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.

En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.

Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.


Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.

Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.

El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó "debilidades" y "deficiencias" en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.

Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que "se determinó que no se cumplió con las actividades".

Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.

La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.

Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 "cuentas especiales" de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.

Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.

La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.

La ASF destaca que "no se dieron las condiciones" para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el "Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro", impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.

Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que "no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría", resolvió el órgano de vigilancia.

Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.

Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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Imagen Marcha apyo al SME 29 enero 2010

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