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Union de jubilados y extrabajadores de LyF afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de los ciudadanos mexicanos simpatizantes de nuestra causa
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR!

sábado, 31 de julio de 2010

Transgénicos: pérdidas para los agricultores (La Jornada)

Silvia Ribeiro*
Los cultivos transgénicos no representan solamente una amenaza al medio ambiente y la salud. Además son un mal negocio, para cualquiera, salvo las seis trasnacionales dueñas de las semillas transgénicas a nivel global y algunos de los funcionarios y científicos que reciben prebendas para que ellas puedan continuar con sus ganancias.

En los últimos años se han publicado varios estudios independientes sobre los resultados económicos de los transgénicos, que convergen en demostrar pérdidas significativas para los agricultores. Greenpeace México publicó recientemente el informe Cultivo$ transgénico$, cero ganancias, basado en un informe elaborado por Edward Hammond, acrecentado y adaptado al contexto mexicano.

Esas pérdidas afectan directamente a los agricultores de varias maneras (semillas más caras, menor rendimiento, resistencia en insectos y malezas, mayor laboreo para deshierbe, juicios por contaminación, pérdida de mercados) pero también significan costos importantes que al ser absorbidos por instituciones públicas, se trasladan a todos.

Uno de los casos referidos es la contaminación con el arroz transgénico LL601 de Bayer. El departamento de agricultura de Estados Unidos detectó en 2006 que la contaminación con este arroz transgénico no aprobado para consumo humano, había llegado al suministro de alimentos. Ante el anuncio, inmediatamente cayó el precio del arroz estadunidense en los mercados de futuros, provocando una pérdida promedio de 70 mil dólares por granja arrocera. Japón y Europa cerraron sus puertas a la importación de arroz procedente de ese país. Pese a ello, se encontró contaminación en países europeos y luego de África y Asia, desde Filipinas a Ghana. El informe detalla las pérdidas que les significó a los agricultores estadunidenses, estimadas entre 740 y mil 290 millones de dólares en total, debido a caída de precios, pérdida de mercados y limpiezas de sus campos y graneros. Esos costos no incluyen los de pruebas de detección ni tampoco los gastos legales para demandar a Bayer, trámites que aún siguen. No se permitió una acción de clase (o sea, que el juicio contra Bayer fuera válido para todos los afectados, sino solamente para los que entablan el juicio). Bayer no explicó nunca cómo había llegado la contaminación a los alimentos y pese a que se le sentenció por su conducta laxa en bioseguridad, la empresa afirmó que había excedido los estándares de la industria para evitar contaminación y que ni las mejores prácticas pueden garantizar la perfección.

El caso debería ser aleccionador para México, porque aquí las empresas se comportarán de la misma o peor manera frente a la contaminación transgénica, que será inevitable si el maíz se siembra a campo abierto. Cualquier costo relacionado con la contaminación será automáticamente transferido a los agricultores y campesinos (que deberán afrontar cualquier costo legal por sí mismos). Seguramente habrá menor fiscalización que en Estados Unidos, porque los contaminados serán sobre todo campesinos y maíz nativo, que no es considerado valor monetario a proteger. Las empresas dirán que el problema de la contaminación en ningún caso es de ellos, porque el gobierno y los agricultores son responsable de las medidas de bioseguridad, no ellas.

Otro ejemplo tomado en el informe son los costos por la resistencia de las hierbas invasoras. Como la mayoría de los transgénicos son manipulados para ser resistentes a herbicidas, el uso de éstos aumenta considerablemente, generando resistencia en las hierbas que se pretende combatir. A nivel global, hay 16 hierbas que se han tornado resistentes a glifosato. El departamento de agricultura de Estados Unidos reconoce 9 como problema serio. El documento toma el caso del quintonil, una amarantácea que existe y se consume en México, prima hermana del amaranto blanco ampliamente difundido en el país, con el que se elaboran los dulces de amaranto. El quintonil es considerado hierba invasora en los cultivos industriales, en Estados Unidos se ha hecho resistente al glifosato (debido a los transgénicos) y ha invadido de tal modo los campos de algodón, maíz y soya, que en varias zonas, principalmente algodoneras, ya sólo se puede hacer deshierbe manual. Para los agricultores, significó pagar mayor costo de semilla, mayor costo por herbicidas (por precio y mayor volumen) y terminar haciendo o pagando el deshierbe manual.

En México además de los impactos sobre los agricultores industriales, significará arruinar junto al maíz al amaranto, otro de los cultivos nativos del país, esenciales para la vida campesina y elemento altamente nutritivo parte de la alimentación popular.

El reporte nombra varios otros ejemplos que dan una sólida muestra de las pérdidas económicas que significan los transgénicos. Otro informe publicado en 2010, titulado Quién se beneficia con los cultivos transgénicos, de Amigos de la Tierra, complementa el panorama.

Quizá se pregunte por qué los agricultores siguen cultivando transgénicos si dan pérdidas. En parte, porque los agricultores industriales no tienen semillas y dependen totalmente de lo que les ofrezcan las trasnacionales. Éstas controlan el mercado de transgénicos pero también el de las semillas comerciales. Prefieren vender transgénicos, porque cobran la semilla mucho más cara y pueden cobrar extra por otros rubros.

Adicionalmente, las empresas gastan decenas de millones de dólares anuales en influir a los gobiernos y reguladores a su favor. Según Business Week (21/6/10) sólo en el último trimestre de 2009 y primero de 2010, Monsanto gastó 4.99 millones de dólares en cabildear al gobierno de Estados Unidos. ¿Sería necesario si el producto fuera bueno?

*Investigadora de Grupo ETC


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

México SA / Saqueo a los trabajadores avalado por la Corte / Garantiza pensiones quien dio por seguras las instalaciones de la guardería ABC (La Jornada)

Carlos Fernández-Vega
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.

Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a explicar de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.

¿Qué vueltas tenía que darle el lerdo señor Karam a la ley que dice respetar? ¿Qué interpretaciones a una legislación más clara que el agua? Dada su inquebrantable fe en las leyes vigentes, según dice, ¿por qué recurrió a desenterrar artículos derogados para mutilar, en lo oscurito y en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de los trabajadores a una jubilación o pensión digna? Que no le digan, que no le cuenten. Se trata del mismo personaje tragicómico que poco más de un año atrás aseguraba que la Guardería ABC de Hermosillo cumplía con los lineamientos en materia de seguridad, que contaba con salidas de emergencia y que la estancia infantil aparentemente está dentro de lo que señala la normatividad correspondiente. El mismo que prometió un rotundo no a la impunidad por el incendio en aquel local de la capital sonorense, y el mismo, en fin, que la propia SCJN descaradamente exoneró, junto a Juan Molinar Horcasitas y demás arpías relacionadas con el caso, de cualquier responsabilidad en el incendio en que murieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados.

El lerdo cuan desacreditado Daniel Karam (que ya le debe dos a los ya tristemente célebre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tomó el micrófono para decir que aunque se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después; esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes (porque) no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario.

Nada dijo, eso sí, sobre el futuro de los trabajadores por pensionarse, porque "no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular… el IMSS está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la decisión de la SCJN), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados". Nada explicó sobre el punto que precisamente ha generado no sólo mucha inquietud, sino profunda indignación. Nada detalló sobre el punto toral de la nueva maniobra calderonista (como antes foxista y zedillista) en contra del ahorro de los trabajadores y su derecho a una pensión digna, tras muchos años de trabajo. Nada. ¿A qué salió, entonces, a dar una conferencia?

El gobierno calderonista, con Karam de pantalla, puede aducir razones de crisis en las finanzas del Seguro Social, y decir que no hay con qué cubrir las pensiones. Pero el manejo de tales finanzas no es responsabilidad de los trabajadores, tampoco los nefastos resultados. Tal crisis pretende achacársele a las pensiones, cuando es obvio que (independientemente de los malos manejos, de la profunda corrupción, de los acuerdos en lo oscurito con la patronal, de los ya famosos convenios que cancelan adeudos de acuerdo con el tamaño del padrino que se tenga), que ha crecido y se ha profundizado por la enclenque respuesta económica y las propias prácticas laborales en el país, que han privilegiado la informalidad, y, en los últimos años, el llamado outsourcing para evadir el pago de las cuotas que por ley le toca a la parte patronal.

Por ejemplo, alrededor de cien mil trabajadores de la banca no existen para efectos del IMSS, porque los barones del dinero los han sacado de la nómina institucional para ahorrarse tales cuotas. Y como este caso, miles a lo largo y ancho de la República. Pero el instituto en esto no se fija. Por si fuera poco, al gobierno federal en lugar de inyectarle recursos, como es su obligación legal, le ha dado por darle pellizcos a las finanzas del instituto y destinarlos a otras actividades.

A estas alturas del partido, si fuera atendida la demanda real de empleo formal, el IMSS debería tener registrados a cuando menos 25 millones de trabajadores, sino es que a 30. Pero el inventario no pasa de 14 millones (eventuales incluidos), de tal suerte que existe una espeluznante evasión por la parte patronal con el consentimiento del propio instituto y demás instancias de gobierno, como algunos le llaman. ¿Con 10 o 15 millones de cuotas adicionales, en dónde estarían las finanzas del instituto hoy en crisis? ¿En dónde las reservas para financiar pensiones y jubilaciones? ¿En dónde la calidad y alcance de la seguridad social en el país? No sólo habría viabilidad financiera, sino excedentes.

Lo cierto es que el objetivo sigue siendo cancelar los derechos sociales de los trabajadores, que se rasquen cómo y dónde puedan. En el centro de la atención está el uso del ahorro de los cotizantes. Desde tiempos de Zedillo, con las modificaciones a la ley del IMSS y la creación de las Afore, el objetivo es deshacerse de la para ellos incómoda obligación constitucional de garantizar un México digno para el grueso de su población.

Las rebanadas del pastel

¿Qué el IMSS no tiene dinero? Entonces, que el gobierno federal recurra a las reservas internacionales, y no al ahorro de los trabajadores. ¿Qué no nos volverían a saquear?


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

Jurisprudencia reduce pensión del IMSS (La Jornada)

Arturo Alcalde Justiniani / II y última

La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo (SM), ha generado creciente inconformidad. Más allá de la explicación jurídica, se formulan diversas interrogantes: ¿Por qué después de tantos años de vigencia, repentinamente, cambian las reglas del juego en un tema tan sensible para millares de mexicanos y sus familias? ¿La jurisprudencia debe entenderse únicamente aplicable al tema de la cotización o necesariamente está vinculada al monto de las pensiones? En caso de que se afectaran las pensiones, ¿en qué condición quedarían los que ya perciben una pensión superior a los 10 SM? ¿A quién beneficiarán los recursos que se generen por dejar de pagar el diferencial de pensiones consecuencia de esta jurisprudencia? ¿Será acaso parte de una estrategia para homologar las pensiones del IMSS con las del ISSSTE, que ya están limitadas a 10 SM? ¿Cuándo terminará la feria de sorpresas donde los trabajadores siempre llevan la peor parte?

No es fácil hacer un juicio de valor sobre este tema, porque la mayoría de las pensiones que se cubren a los afiliados al IMSS son sensiblemente menores a los 10 SM. Reclamar una cantidad mayor puede parecer excesivo en términos de equidad; sin embargo, mal haríamos en concluir que todos debemos estar condenados a pensiones empobrecidas bajo un principio de igualdad. Un consejo que puede ayudarnos proviene de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia: Ni necesidad sin pensión, ni pensión sin necesidad.

Con objeto de profundizar el análisis de esta jurisprudencia conviene recordar que el artículo 25 transitorio de la ley vigente prevé lo siguiente: "…A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces de salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en el año 2007." Lo anterior significa que buena parte de los afiliados ya han venido pagando sobre una base superior a los 10 SM, de tal manera que la aplicación del artículo 33 de la ley anterior fue superada con este incremento creciente.

Por lo que se refiere a la relación entre cotizaciones y pensiones es conveniente reconocer una falta de correspondencia entre ambos conceptos. Las cotizaciones son totalmente insuficientes para fondear las pensiones, si se acota a un periodo determinado, pero en un análisis más amplio es evidente que buena parte de los fondos de pensiones se canalizaron a otros renglones, como subsidiar servicios que a juicio del Ejecutivo federal resultaban políticamente favorables.

Respecto del modelo de seguridad social derogado en 1997 y su tránsito al nuevo, el transitorio décimo segundo definió que el pago de las pensiones otorgadas en el marco de la ley derogada (del año 1973) estará a cargo del gobierno federal. Estos elementos nos permiten aclarar dos temas: el primero, no existe una relación automática entre cotización y pensión, y el segundo, el IMSS no será el beneficiado de limitarse las pensiones hasta 10 SM, ya que, como se señaló, el gobierno federal es quien dejará de cubrir la diferencia. Por lo que se refiere a la situación del IMSS, el mismo se encuentra en precarias condiciones y requiere una restructuración integral. Conviene recordar el reciente informe del IMSS al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, que reportó en sus finanzas un déficit de 21 mil 950 millones de pesos. Advirtió que dicho monto podría duplicarse si no recibe apoyo para liquidar adeudos pendientes. Con estos elementos, resulta evidente la necesidad de una discusión más amplia sobre el tema orientado a un proceso de universalidad en materia de seguridad social.

La política del gobierno federal tendiente a obtener más recursos o reducir erogaciones por la vía pensionaria se hizo evidente los primeros días del presente año, al imponer el pago de impuestos a las pensiones superiores a nueve SM, apoyado en el artículo 109 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta obligación ya existía, pero no se había hecho efectiva a las pensiones del IMSS y del ISSSTE por diversos motivos, entre otros, evitar una doble tributación. En términos prácticos se redujeron las pensiones.

Un antecedente en materia burocrática nos muestra la necesidad de contar con criterios razonables y permanentes en materia pensionaria. Los trabajadores al servicio del Estado siempre han lidiado con la dificultad de que el importe real de sus salarios no es reconocido para efecto de sus pensiones en el ISSSTE. El 10 de septiembre de 2008, también por contradicción de tesis, la segunda sala emitió la jurisprudencia 126/2008, que favoreció a los trabajadores al determinar que el salario base para calcular el monto de las pensiones jubilatorias, incluyendo a los trabajadores que venían rigiéndose por la ley anterior vigente hasta el 31 de marzo de 2007, debería integrarse con el salario base, sobresueldo y compensación. Amparados en esta jurisprudencia, confiaron en recuperar por la vía legal el diferencial entre su salario base y la compensación con importe sensiblemente mayor, lo que llevó al ISSSTE a cubrir las diferencias, ya que tal omisión era imputable al gobierno federal y no a los trabajadores. Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, otra vez por contradicción de tesis, se emite la jurisprudencia 28/2009, que cambia el enfoque de la anterior, al señalar que no podrá exigirse al ISSSTE el pago del diferencial, ya que la pensión debe ajustarse a las cuotas que le hayan cubierto las distintas dependencias. Una vez más, y como pareciera ya costumbre, perdieron los trabajadores.


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viernes, 30 de julio de 2010

IMSS analiza recortar pensiones (CNN Expansion)

IMSS analiza recortar pensiones (CNN Expansion)

Daniel Karam aclaró que el pago de los actuales pensionados no se verá afectado; el Instituto dijo que analiza las implicaciones de la jurisprudencia de la Corte de Justicia.

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Daniel Karam, director general del IMSS, dijo que los más de 2 millones 500,000 pensionados por el Instituto no verán afectado a corto plazo ni en los próximos años el monto que reciben.

Sin embargo, el titular del organismo de Seguridad Social destacó que el Instituto analiza la jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reducción al cálculo de la pensión máximas de 25 a 10 salarios mínimos.  

"El IMSS está analizando con mucho detenimiento las implicaciones que se tendrían en su caso, para los nuevos jubilados (...), se está haciendo este análisis, señalando que la premisa fundamental, de acuerdo a lo que se está analizando es que el IMSS siempre actuará de acuerdo a lo que establece la ley" expresó en conferencia de prensa el director del Instituto.

Aseveró que no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario, mientras destacó que se ha generado una incertidumbre natural respecto a la interpretación que el Instituto podría hacer respecto a la jurispriudencia aprobada recientemente.

El 9 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó la jurisprudencia por contradicción de tesis que define el criterio aplicable al límite superior para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte bajo el régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

En dicha jurisprudencia la Suprema Corte determinó que, en términos del artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, "resulta claro que el límite superior de 25 veces el salario mínimo está vinculado únicamente con los seguros de enfermedad y maternidad; mientras que el límite superior de 10 veces el salario mínimo regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte."

De esta manera, concluye que si el límite aplicable para la cotización en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte es de 10 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, dicho tope salarial también debe ser el aplicable para el cálculo de las pensiones otorgadas bajo el régimen de 1973, según la firma de servicios profesionales Baker McKenzie, lo que afectaría a 1.2 millones de trabajadores.

Con información de Isabel Mayoral


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Alerta FROC-CROC sentencias de la SCJN ante pensiones del IMSS / podría derivar en problemas sociales e ingobernabilidad en el país (Periodico Digital)

Alerta FROC-CROC sentencias de la SCJN ante pensiones del IMSS
podría derivar en problemas sociales e ingobernabilidad en el país (Periodico Digital) 
Local | Ilia Zambrano  |  Viernes, 30 de Julio de 2010 10:45


Podría derivar problemas sociales e ingobernabilidad en el país, aseveró el secretario general de la FROC-CROC, René Sánchez Juárez

FOTO: ARCHIVO

  • El secretario general de la FROC-CROC, René Sánchez Juárez, alertó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al establecer un límite al salario base de cotización con el que se calculan las pensiones del IMSS, podría derivar en problemas sociales e ingobernabilidad en el país.

"Es un exceso de las funciones de los Ministros pues lo que genera es una mayor inquietud e inconformidad entre la clase trabajadora, sobre todo en compañeros que están por pensionarse", dijo, al augurar una lluvia de amparos por la resolución de la Corte.

Confió que el Consejo Técnico del IMSS y legisladores federales hagan reformas para invalidar la resolución de la SCJN y así se eche para atrás, pues de lo contrario, la Corte seguirá perdiendo credibilidad y generando inconformidad entre los trabajadores, dijo, al referir otros fallos en contra de este sector como la desaparición de Luz y Fuerza del centro (LFC).

"Yo confío que se pueda recomponer esta situación, porque lo que ha hecho la SCJN deja mucho que desear y manda malas señales para mantener la estabilidad social del país".

Sánchez Juárez evidenció que más allá del fallo de la SCJN para reducir el número de salarios para calcular el monto de las pensiones, el trámite de suyo es difícil y complicado pues parece, dijo que es el propio IMSS quien está buscando como no pagar esas pensiones o pagar lo menos.

"Es el momento de dejar esa legislación muy clara para que los trabajadores, cuando lleguen a la edad de la jubilación, puedan acceder a un ingreso que les permita una vida digna", pidió a los legisladores.

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Miguel Leopoldo Alvarado
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Calderón pretende exportar autoritarismo

Foto
El panista Manuel Espino Barrientos, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, denunció que Felipe Calderón operó personalmente el descarrilamiento de la candidatura del colombiano Efraín Zepeda para dirigir dicho organismoFoto José Antonio López
Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Viernes 30 de julio de 2010, p. 14

El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, comparó ayer al presidente Felipe Calderón con el mandatario venezolano, Hugo Chávez, pues aseguró que pretende exportar el autoritarismo que ha impuesto en el PAN, al resto de Latinoamérica.

Los señalamientos del panista se registraron luego que el candidato a la dirigencia de la ODCA, Efraín Cepeda, del Partido Conservador de Colombia, denunció la injerencia del mandatario mexicano en el proceso de sucesión en la agrupación internacional, mismo que tendrá lugar este fin de semana en la capital de El Salvador.

Espino Barrientos agregó que cuenta con varios reportes en el sentido de que Calderón operó personalmente para descarrilar la candidatura del colombiano. Con el argumento de que se estaba defendiendo un interés del Estado mexicano, aseguró que el jefe del Ejecutivo llamó desde Los Pinos al ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, a su homólogo de Dominicana, Leonel Fernández, y a otros líderes extranjeros, para pedir que se votara por el senador panista Jorge Ocejo Moreno, y se promoviera la declinación de Cepeda.

En conferencia de prensa, equiparó la actitud del mandatario mexicano con la del presidente de Venezuela, para luego señalar que él fue el último presidente de Acción Nacional que ganó una elección democrática. Después sólo han habido imposiciones, designaciones y dedazos, subrayó al referirse a sus sucesores en el PAN, Germán Martínez y César Nava.

Esa es la herencia de Calderón al partido y no queremos que también deje ese triste legado a la ODCA, puntualizó en un capítulo más del enfrentamiento que sostiene con la corriente del Presidente, que podría terminar con su expulsión del partido gobernante.

La disputa entre los panistas se reavivó con la difusión de una carta del senador Cepeda dirigida a Espino, en la que denunció la injerencia de Felipe Calderón. Sobre el tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno mexicano, negó la intromisión del jefe del Ejecutivo en la elección de la citada agrupación.

"Rechazamos –indica– las declaraciones que se han realizado en el sentido de que el presidente Felipe Calderón ha emprendido acciones a favor de uno y otro candidato. Nuestro gobierno es respetuoso de las decisiones que en el seno de esa organización se tomen", subraya.

Estamos seguros que la determinación que adopten los partidos integrantes de la ODCA será en beneficio del trabajo que realizan a favor de la democracia y los derechos humanos en la región, agrega.

Por su lado, el PAN refrendo su compromiso democrático con el proceso de sucesión en la ODCA y reiteró su apoyo a Jorge Ocejo Moreno para que presida dicho organismo.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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El director y el consejo técnico del IMSS analizarán hoy dictamen sobre pensiones (La Jornada) La resolución de la SCJN es un atentado a los asalariados, dicen integrantes del organismo

Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 30 de julio de 2010, p. 14

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, se reunirá hoy con integrantes del Consejo Técnico, donde abordarán el tema de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el monto de las pensiones a que pueden aspirar los trabajadores que tramiten su retiro con base en la ley que estuvo vigente hasta el 30 junio de 1997.

La discusión formal y eventual pronunciamiento de ese órgano directivo del instituto podría darse la próxima semana, una vez que los ministros de la Corte regresen de vacaciones y se publique la sentencia final de la jurisprudencia 85/2010, en la que se establece que el monto de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

El asunto está entre las tesis pendientes de publicarse en el portal de la SCJN. De ahí que el Consejo Técnico esté imposibilitado para emitir un pronunciamiento formal, aunque de acuerdo con integrantes de este organismo, el fallo supone un grave error y representa un atentado contra los derechos de los asalariados.

En tanto se espera la publicación, señalaron, se están buscando alternativas de solución a lo que se plantea como un grave problema. Uno de los primeros y principales asuntos es que, aparentemente, el IMSS carece de facultades para decidir sobre la procedencia de aplicar el criterio de los ministros de la Corte a los trámites administrativos que se realizan en el instituto para la consecución de las pensiones.

Y es que, reconocieron, el dinero no es nuestro. De cualquier manera, la discusión entre los consejeros incluirá el tema de la competencia, para al final resolver si le corresponde al Consejo Técnico formar parte de la decisión final y las razones.

José Luis Carazo, integrante de la directiva de la Confederación de Trabajadores de México y representante del sector obrero ante el Consejo Técnico del IMSS, afirmó que es inconcebible que se golpee de esa manera a los empleados del sector privado. Con hechos como este, indicó, se acaba con la poca credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones.

El dirigente destacó cómo la atención de la opinión pública se ha volcado a este tema. Recordó que una vez que se dio a conocer la resolución de la sesión privada de la segunda sala de la SCJN y sus implicaciones, los miembros del Consejo Técnico solicitaron al director Karam una reunión donde se les informara lo que estaba pasando.

Dicha reunión tuvo lugar el miércoles 21 de julio, y en ella los representantes de los tres sectores plantearon sus puntos de vista, pero acordaron esperar la comunicación oficial (engrose) para poder tomar alguna decisión.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

jueves, 29 de julio de 2010

Reducir pensiones va en contra de la justicia social: Carrancá / La jurisprudencia aprobada rompe con el equilibrio constitucional / (La Jornada)

Es desconcertante que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 11

La jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Subrayó que la decisión de la Corte se contrapone a la justicia social y laboral asentada en varios artículos constitucionales.

De suyo, esa decisión no contribuye a la justicia social ni a la distribución equitativa del ingreso, al contrario, de entrada rompe un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores. Es desconcertante el que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores. Es algo que choca con el sentido superior de la justicia. Menuda Corte que se atreve a eso.

Carrancá aseguró que la resolución de los ministros vulnera el artículo 109 constitucional, al incurrir en acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por lo que los ministros pueden ser sometidos a juicio político.

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El constitucionalista Raúl CarrancáFoto Cristina Rodríguez /Archivo

El académico universitario exhortó a los trabajadores a no cruzarse de brazos ante la limitante impuesta por la SCJN. La ciudadanía no puede resignarse, la decisión de la Corte es injusta. Actuaron en perjuicio de la clase trabajadora, uno de los pilares de la sociedad. Es hora de recurrir a los instrumentos jurídicos y fincar responsabilidad a quien la tiene.

Indicó que la ley asienta que cualquier persona, afectada o no, puede iniciar la petición de juicio político contra los ministros, lo que se tendría que realizar ante la Cámara de Diputados y ésta decidir si procede la solicitud.

Si en San Lázaro se aceptara la petición, tendría que llamarse a los ministros a comparecer, no solamente ante los legisladores, sino que tienen que ser impugnados por la ciudadanía toda en un juicio político; esto representaría un precedente histórico fenomenal.

En este caso, explicó, correspondería al Senado de la República resolver si los ministros vulneraron la Constitución al limitar a 10 salarios mínimos el tope para las pensiones de quienes cotizan en el IMSS.

Carrancá y Rivas sostuvo que de concretarse que la SCJN actuó contra la clase trabajadora, la jurisprudencia aprobada tendría que corregirse y acatar lo que se asentaba hasta antes de la modificación, es decir, dejar el tope de la jubilación en 25 salarios mínimos.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

miércoles, 28 de julio de 2010

Puñalada a la jubilación / Suavizan en la Permanente molestia por baja de pensiones (La Jornada) / Se cambió punto de acuerdo que pedía a la Corte anular la tesis contra trabajadores

Tibio llamado a la Corte
Aborta AN punto de acuerdo para que ministros rectificaran / Alega que no conoce a fondo el tema; no se puede aplazar: PRI

AN preguntaba: ¿cómo le solicitaremos algo de lo que no estamos bien enterados?

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Fila de ancianos para renovar la tarjeta de pensión alimentaria que otorga el Gobierno del Distrito FederalFoto María Luisa Severiano
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Protesta afuera del Senado, durante la sesión de la Permanente, el 6 de julio pasadoFoto Marco Peláez
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 2

La primera comisión de la Permanente modificó ayer un punto de acuerdo propuesto por el PRI por el cual se exhortaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dejar sin efecto la tesis de jurisprudencia 2A/J/85/2010 que reduce las pensiones a 10 salarios mínimos y perjudicaría a un millón 200 mil trabajadores, y lo suavizó para expresar únicamente la preocupación que ha recogido de los trabajadores que se verán afectados por esa jurisprudencia.

El punto de acuerdo original, presentado por los senadores priístas Fernando Castro Trenti, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco, contenía un exhorto a la Corte, con pleno respeto a la división de poderes y conforme a sus atribuciones, a dejar sin efectos la tesis de jurisprudencia referida, que de otra forma perjudicaría a un millón 217 mil trabajadores afiliados al IMSS.

En ese punto de acuerdo los senadores priístas señalan que esa jurisprudencia contraviene no sólo lo dispuesto por los preceptos antes citados, sino también lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, pues está aplicando retroactivamente una norma en perjuicio de más de un millón de trabajadores.

Se subraya que en la tesis aprobada el 9 de junio por la segunda sala de la Corte se señala que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que es la base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tienen como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la ley vigente tiene un tope para el cálculo equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente.

Ayer, al discutir el dictamen, los diputados y senadores panistas se manifestaron contra ese punto de acuerdo. El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, dijo: Lo que no me parece es que se pide a la Corte reconsiderar y que modifique la tesis de jurisprudencia; eso no es procedente. Cómo le vamos a pedir que rectifique; ya está el engrose, ya está la resolución y ahí podemos enterarnos de la razón que tuvo la Corte para aprobar esa tesis.

Los panistas insistieron: No nos gusta el punto de acuerdo. No nos gustaba porque le pedíamos a la Corte que reconsiderara su resolución, pero, ¿cómo le vamos a pedir algo de lo que no estamos bien enterados los senadores? No es un asunto cualquiera, es una contradicción de tesis que data de 1993. Nos dice el IMSS que se tienen que pagar 25 salarios, que no afecta a todos esta resolución; no creo que sea en general y para todas las pensiones. Se me haría irresponsable opinar sin saber. Démonos un espacio hasta el lunes para contar con la información, sostuvo González Alcocer.

Castro Trenti le respondió: Si la redacción no lo deja satisfecho, nos esperaríamos hasta el lunes próximo, sólo quisiéramos que el senador revise qué se le pide a la Corte, que valore el impacto que tendría en los trabajadores y que se reconsidere. El propio sector productivo ha salido en defensa de los trabajadores. Pedimos que reconsidere, no nos parece apropiado dejar pasar una semana más.

El vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles, dijo: No buscamos inmiscuirnos en los temas de la Corte, sólo le manifestamos que estamos preocupados. Quizá debemos invitar a los ministros ponentes a una reflexión o incluso que nos reciban en la Corte para tratar este asunto que es de la mayor trascendencia, pues los trabajadores están golpeados de por sí por los bajos salarios.

El priísta Castro Trenti insistió: El tema nos exige una reacción inmediata. La Corte, al no haberlo publicado en su gaceta oficial, puede hacer correcciones que eviten lesionar a los trabajadores.

Los panistas insistieron en que no se aprobara ese exhorto y pidieron que se diera más tiempo para analizar el tema.

Y Ricardo Fidel Pacheco propuso la nueva redacción, que fue aprobada, y en la que sólo manifiestan a la Corte su preocupación que han recogido de los trabajadores por la tesis de jurisprudencia que define la referencia de salarios mínimos para calcular las pensiones. Estamos enviando una señal de preocupación. No le estamos indicando otra cosa a la Corte.

Se aprobó esa nueva redacción y se constituyó un grupo de trabajo para continuar analizando el tema.


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martes, 27 de julio de 2010

Garantizadas con fideicomisos, las pensiones del Poder Judicial / Servirán para mantener sueldos millonarios y demás prestaciones (La Jornada)

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Los jubilados de a pie sólo tendrán derecho a 10 minisalarios como máximo. La imagen, en IztapalapaFoto Marco Peláez /Archivo
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 8

La jurisprudencia aprobada el pasado 9 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala la reducción del tope de cotización para las pensiones de un millón 200 mil trabajadores de 25 a 10 salarios mínimos, lo que afectará derechos adquiridos de ese segmento de la población vinculado a la clase media. En cambio, los jueces y magistrados tienen garantizado que, tras su retiro, a los 65 años de edad, gozarán de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual, que supera los 100 mil pesos, gracias a una serie de fideicomisos millonarios.

Durante el segundo trimestre de 2009, los fideicomisos correspondientes a la administración del fondo de aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de juzgadores federales, así como el relativo a la administración del fondo para pago de pensiones complementarias de jueces y magistrados federales, sumaron un saldo favorable de 2 mil 339 millones 299 mil 933 pesos, según consta en un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal (PJF).

El documento –que puede consultarse en la página de Internet del CJF– fue aprobado por el pleno de los siete consejeros de la Judicatura el 15 de julio de 2009, como parte del informe que se rinde de manera trimestral a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se publica en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento de la obligación del Poder Judicial establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para los ministros de la SCJN también fue creado un fideicomiso de pensiones que les garantiza que, tras su retiro, tengan sueldos decorosos que les permita mantener el nivel de vida al que están acostumbrados.

El considerando segundo de ese informe refiere que "de conformidad con lo señalado en el supuesto normativo presupuestal federal en comento, el CJF presenta la siguiente información:

"1. Contrato de fideicomiso 4546-2 con el Banco Internacional, ahora HSBC México SA, para la administración del fondo por concepto de las aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces del PJF.

El contrato aludido se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones que, a través de descuentos por nómina, se efectúan a los magistrados y jueces, así como por los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al mantenimiento de viviendas asignadas a magistrados y jueces. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 25 millones 740 mil 667 pesos, indica el informe.

"2. Contrato de fideicomiso F/676 con Ixe Banco SA, para la administración del fondo para el pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito del PJF.

El contrato aludido se conforma por los recursos transferidos por la SCJN, así como por otros ingresos y los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y comisiones bancarias por administración. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 2 mil 313 millones 559 mil 266 pesos. Incluye ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras, intereses, plusvalías y minusvalías, así como pensiones pagadas a magistrados y jueces y comisiones pagadas al fiduciario, además de comisiones bancarias, informó el CJF.

En el país todos los jueces y magistrados federales, aparte de su salario mensual –que supera los 100 mil pesos– tienen apoyo para mantenimiento de vivienda, seguro de vida y de gastos médicos mayores (adicional al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), capacitación constante, una tasa de interés preferencial en el banco HSBC sobre créditos para la compra de automóviles y de casa habitación y, por si fuera poco, tras su retiro, a los 65 años de edad, pueden gozar de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual y para conservar sus prestaciones, excepto los bonos trimestrales.

La Jornada publicó, en su edición del pasado jueves, que el 9 de junio pasado la segunda sala de la SCJN aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis de jurisprudencia presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.

De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.


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Dar trámite a la solicitud de toma de nota a la dirigencia del gremio, otro resultado (La Jornada)

Gobierno y SME acuerdan hallar alternativas laborales y sindicales

Pide el secretario de Gobernación al del Trabajo y Previsión Social subsanar cualquier trámite que pudiera obstaculizar o entorpecer el reconocimiento a la representación sindical

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El diputado perredista Agustín Guerrero y Martín Esparza Flores, luego del encuentro en Bucareli.Foto Carlos Ramos Mamahua
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En la imagen, el secretario del Trabajo, Javier LozanoFoto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 5

El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se comprometieron anoche, por escrito, a explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, así como dar trámite a la solicitud de toma de nota (reconocimiento oficial) a la dirigencia de este sindicato.

El diálogo entre ambas partes es conducido por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien pidió al titular del Trabajo, Javier Lozano, subsanar cualquier posible trámite que pudiera obstaculizar la toma de nota a la dirigencia del SME, es decir, evitar que algún aspecto administrativo entorpezca este trámite.

De acuerdo con participantes en este encuentro, el responsable de la política interna pidió a los funcionarios federales involucrados que hicieran un esfuerzo por avanzar en la solución del conflicto a fin de que se aplique la ley, pero no se pierda de vista la justicia social.

Durante la primera sesión de la mesa de diálogo de alto nivel para concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en primer término se reunieron en privado, por espacio de una hora, el secretario Blake y el dirigente Martín Esparza. Luego, ya en conjunto con otros funcionarios y representantes sindicales, se acordó que gobierno y sindicato presentarán sus propuestas a fin de ser analizadas y resueltas conforme a derecho, a los objetivos de política pública en el sector eléctrico y a la disponibilidad presupuestal.

La primera reunión de trabajo de esta mesa se prolongó casi cinco horas en la Secretaría de Gobernación, donde participaron el titular de esta dependencia, José Francisco Blake Mora; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como los subsecretarios de Gobierno y de Trabajo, Roberto Gil y Alvaro Castro, respectivamente.

Por el SME acudieron los dirigentes Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, a quienes no se ubica en la minuta con sus cargos sindicales, precisamente porque ese reconocimiento está en trámite en la Secretaría del Trabajo.

Sobre este punto, se dijo que se resolverá con base en la ley del ramo y en las resoluciones pasadas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con el objetivo de recuperar la regularidad jurídica del funcionamiento de los órganos directivos del sindicato.

Esta primera reunión deriva del acuerdo del jueves pasado, cuando a cambio de encontrar alternativas al conflicto en mención el Sindicato Mexicano de Electricistas aceptó levantar la huelga de hambre colectiva que mantuvo por tres meses en el Zócalo capitalino.

En uno de los seis puntos de la minuta se precisa que también se formarán grupos de trabajo para revisar las prestaciones que no se han pagado a los trabajadores de la extinta LFC, relativas al aguinaldo y fondo de ahorro, entre otras. Esta mesa y sus grupos de análisis se reunirán una vez a la semana, sesiones donde también participarán, a petición del SME, los legisladores que integran las comisiones de seguimiento a este conflicto.

En este primer encuentro participaron diputados, quienes consideraron absurdo el argumento emitido por el gobierno de que el erario no cuenta con recursos para recontratar a los trabajadores.

Los diputados federales Agustín Guerrero, del PRD, y Mario di Costanzo, del PT, lamentaron que el secretario Lozano tome una postura distinta respecto de los acuerdos e incluso de los escritos que se han concretado en Gobernación.

Lozano ha sido un ariete contra los trabajadores, aunque entiendo su contradicción de no querer otorgar la toma de nota porque se contrapone a su postura que ha impulsado desde 2009. Eso en castellano significa que Javier Lozano fue derrotado, expresó el diputado Guerrero.

Por la mañana se reunió la comisión de trabajo del SME, integrada por sus representantes sindicales, donde se ratificó la demanda de patrón sustituto y que la salida al conflicto sea por la vía política.

Se acordó asimismo defender su contrato colectivo de trabajo y reformular el plan de acción, que incluye mantener informado con base en documentos al secretario Blake, en especial de lo que los electricistas consideran amplia legalidad y cumplimiento de los requisitos para que el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza, obtenga la toma de nota y recupere su regularidad jurídica, al tiempo que conserve la representación legal correspondiente.

Al término de la reunión, Esparza se mostró optimista de este método de trabajo con el que se busca solucionar el conflicto, y dijo que ha quedado atrás la negativa rotunda del gobierno hacia los planteamientos del SME, especialmente aquella de primero liquídense y después estudiamos otras alternativas. Confimó lo publicado por este diario de que se planteó la creación de una estructura paralela a la Comisión Federal de Electricidad para operar la zona central del país, y además instar a la construcción de una empresa en el área de telecomunicaciones como alternativa para dar empleo a los trabajadores que no se han liquidado.


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Polémica por reducción de pensiones en México (BBC)

Una inusual alianza se concretó en México: sindicatos y organizaciones empresariales rechazan una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reduce hasta en 60% el monto de las pensiones que recibirán algunos trabajadores al momento de jubilarse.

Símbolo de ancianos

La medida podría reducir el ingreso por jubilación de algunos trabajadores mexicanos.

La tesis de la Corte establece que el pago mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no podrá rebasar el equivalente a 10 salarios mínimos, es decir, unos US$1.300.

Antes el tope era de 25 veces este sueldo, una cantidad que pocos trabajadores obtienen.

La decisión de la SCJN afecta a empresarios y trabajadores, le dice a BBC Mundo Gustavo Rodarte, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"Es un caso raro en el que todo mundo sale perjudicado, y los primeros son los trabajadores que tenían expectativa de jubilarse con un sueldo mayor", explica.

A pesar de la polémica, la SCJN asegura que el impacto de su decisión será muy reducido, pues afecta a una parte de los trabajadores pensionados por el IMSS.

También las empresas

En México son pocos los trabajadores que se retiran con un ingreso similar al 100% de su sueldo. Esta cantidad se reserva para casos especiales, como algunas incapacidades médicas.

Los afiliados al IMSS tienen un ingreso promedio de tres salarios mínimos, es decir, unos US$13 por día, pero al jubilarse reciben una cantidad menor.

Al reducirse el monto máximo de su pensión se condena a algunos trabajadores a una vida difícil, dicen especialistas en derecho laboral.

Pero no son los únicos afectados, pues muchas empresas contrataron sistemas privados de pensiones para compensar el dinero que sus empleados dejarían de percibir en su retiro.

La decisión de la Corte les obligaría a aumentar el dinero que aportan para las jubilaciones, algo que pocos pueden cumplir, reconoce el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila.

"Es injusto, hay que analizar otras alternativas para resolver el problema de las pensiones", dice en conversación con BBC Mundo.

Jurisprudencia

La tesis de la Corte ha sentado jurisprudencia, es decir, puede ser utilizada para resolver juicios laborales.

Eso podría crear nuevos problemas, sobre todo ante la crisis económica y de seguridad pública que vive el país, dicen empresarios.

Va en contra de los derechos humanos de los trabajadores, que de por sí ya sufren un profundo deterioro

Carlos Rodríguez, director CEREAL

"No es el momento propicio ni las condiciones del país para generar este tipo de conflictos, ya tenemos con los problemas normales y no debemos crear más", advierte el presidente de Concanaco.

La polémica va a en ascenso. Senadores de varios partidos de oposición han dicho que no permitirán la reducción de las pensiones, y algunas organizaciones civiles acudirán a cortes internacionales para revertir la enmienda legal.

"Va en contra de los derechos humanos de los trabajadores, que de por sí ya sufren un profundo deterioro", le dice a BBC Mundo Carlos Rodríguez, director del independiente Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).

La decisión de la Corte todavía no entra en vigor, e incluso el consejo de administración del IMSS analiza si aplica o no esta nueva disposición.


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No pasará el ajuste a las pensiones del IMSS (El Financiero)

No pasará el ajuste a las pensiones del IMSS (El Financiero)
Economía - Martes 27 de julio

(Foto: Archivo)

  • Será rechazado por obreros y patrones en el Consejo Técnico
  • Por Zenyazen Flores / Isabel Becerril

El Financiero en línea

México, 27 de julio.- La jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativa al tope de pensiones será rechazada por el sector obrero en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).


El criterio que reduce de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el límite superior para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, no será acatado por el IMSS.
José Luis Carazo, representante de los trabajadores, adelantó a EL FINANCIERO que una vez que el máximo tribunal envíe el engrose de la jurisprudencia al Consejo Técnico, tanto el sector obrero como el patronal rechazarán el criterio.

Arturo Mendicuti, presidente de la Canaco-DF, fijó la postura del sector privado: "no estamos de acuerdo con la disminución de las pensiones de los trabajadores, porque son derechos ya adquiridos. El derecho de los trabajadores afiliados al IMSS a recibir una pensión digna es de carácter obligatorio e inatacable".

Carlos de la Fuente, socio especialista en seguridad social de Ernst & Young, afirmó que el IMSS no está obligado a acatar la jurisprudencia emitida por la SCJN. (Con información de El Financiero/APB)


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CTM no permitirá tope en jubilación (El Economista)

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), como integrante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), concluyó que no permitirá que se disminuya el pago de pensiones y sean menores a 25 salarios mínimos.

"Vamos a exigir ante el Consejo Técnico del IMSS que esos 25 salarios mínimos se respeten, porque los trabajadores durante toda su vida han estado cotizando para obtener un beneficio de pensión y no es posible que una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abata un derecho que ya se tiene ganado", afirmó José Luis Carazo, representante obrero en el Consejo Técnico del Instituto.

En entrevista, sostuvo que tras un análisis profundo que realizó la central obrera de mayor representación en el país, fijaron una postura y será la de "defender el pago de las pensiones, así sea la de un trabajador".

Puntualizó que el encargado de emitir la jurisprudencia que establece el tope salarial de las pensiones en 10 salarios mínimos fue el ministro Sergio Valls, quien fungió como Director Jurídico del IMSS en la época de Santiago Levy, no deja claras algunas cuestiones, como qué pasará con las personas que están en tránsito después de los cambios que se realizaron a la Ley del Seguro Social en esta materia y que aplicaron en 1997.

El representante obrero descartó que esto traiga beneficios a las finanzas del Instituto, aun cuando el organismo se enfrente una situación difícil.

Sin embargo, sí contribuiría a las finanzas públicas y directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Añadió que en este tema, la única autoridad facultada para determinar cambios en el pago de pensiones, es "el Consejo Técnico del IMSS y en ese caso la CTM ya tiene una postura, ésa es que sean pagadas conforme lo establece hoy la ley, que es un pago hasta de 25 salarios mínimos".

Conflicto social

Por otra parte, Hugo Italo, representante laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) afirmó que aplicar el criterio de la SCJN podría derivar en un conflicto social de dimensiones incalculables.

"Se viene un conflicto social muy grave para la Corte y para el Seguro Social, es muy delicado el tema, y si se quieren hacer modificaciones, éstas tendrían que ser para aumentar las pensiones y no para bajarlas".

Aunque no ofreció cifras, Carazo, quien también funge como Secretario de Trabajo en la CTM, mencionó que hay un fuerte impacto.

"Imagínese disminuir de 25 a 10 salarios, en todo ello hay muchas aristas que se tienen que revisar, desde quién lo emite, por qué lo emite y lo que vemos hasta hoy es que realmente hay preocupación en todo el sector obrero empresarial, porque no vemos justa la emisión de esta jurisprudencia", fijo Carazo.

pmartinez@eleconomista.com.mx

CREDITO: 

María del Pilar Martínez / El Economista

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lunes, 26 de julio de 2010

Asamblea en el Zócalo / AMLO: acabemos con esta absurda pesadilla / Presenta en el Zócalo su nuevo proyecto de nación (La Jornada)

Volvió a llenar el Zócalo, pese a los pronósticos de diluvios
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De los 31 estados llegaron contingentes para participar en la asamblea de comités municipales


http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/fotos/portada.jpg

¿Vamos?, pregunta que dio arranque a la precampaña
Recorrerá otra vez el país para que el pueblo y la insurgencia cívica transformen a México
Pretende rescatar las instituciones y encabezar un gobierno honesto, austero y democrático
Democratizar medios, recuperar la riqueza, acabar con la corrupción y generar empleo, sus metas

Nuestro tesoro es la convicción de millones

Alma E. Muñoz y Ciro Pérez
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 4

Andrés Manuel López Obrador arrancó ayer su precampaña a la Presidencia de la República convocando a todos los afectados y agraviados por la política neoliberal para acabar de una vez y para siempre con esta absurda e inhumana pesadilla.

Ante un Zócalo repleto, presentó los lineamientos del proyecto alternativo de nación que llevará como bandera en un nuevo recorrido por el país para impulsar su candidatura y convocó a los asistentes a seguir orientando y concientizando, para lograr el despertar del pueblo y la insurgencia cívica que hará posible la transformación pacífica del país.

Elena Poniatowska, Armando Bartra y Enrique González Pedrero esbozaron los puntos principales del proyecto que será sometido a consideración del pueblo para enriquecerlo. La escritora señaló que un presidente que se ocupara de las mujeres sería un presidente que ganaría; un presidente que se ocupara de los niños sería un presidente que ganaría, y por eso queremos a Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, los representantes estatales de los comités municipales del movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía popular se dijeron listos para redoblar esfuerzos y volver a ganar la Presidencia de la República.

Desde la plancha del Zócalo capitalino, López Obrador preguntó a la asamblea si estaba de acuerdo en que participe en las elecciones de 2012, y la gente respondió que sí. ¿Vamos?, les insistió. ¡Vamos!, le contestaron. Entonces delineó lo que será parte del trabajo para los próximos dos años.

Advirtió que para esta etapa de lucha no contarán con suficiente dinero ni con el apoyo de los medios de comunicación, por lo que pidió aprovechar el tiempo para organizarse. A diferencia de la mafia en el poder, que hace campaña con los medios, introduciendo al mercado a cualquier candidato como si se tratara de un producto chatarra o de un detergente, nosotros tenemos un tesoro que es la convicción de millones de mexicanos que actúan con voluntad. De manera que, insistió, se va a hacer la campaña desde abajo, y lo más importante, la van a hacer ustedes, el pueblo. Yo voy a ir a muchos lugares, voy a seguir recorriendo el país.

Pidió correr la voz para informar que se trata de un movimiento de convicciones y principios, que lo conforman políticos comprometidos a no mentir, a no robar y a no traicionar.

El tabasqueño comentó que a lo largo de los casi 30 minutos que le llevó cruzar la plancha del Zócalo para subir al templete, la gente le insistió en que ahora sí deben cuidar los votos, para que no se vuelva a cometer un fraude electoral y no nos vuelvan a robar la Presidencia de la República. ¿Cómo podemos lograr que se respete la voluntad del pueblo? Organizándonos desde abajo. Que donde se vaya a instalar una casilla, tengamos uno o dos comités, que se convoque a votar y tengamos capacidad para defender los votos. Tenemos que aprovechar los dos años que nos faltan.

Antes de la intervención de López Obrador, representantes de los comités del movimiento en cada uno de los estados le expresaron su respaldo como aspirante a la candidatura presidencial. Que se oiga bien en el centro, en el norte, sur, este y oeste: nuestro candidato es y seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador, y nuestra bandera: Por el bien de todos, primero los pobres, refrendó Jeanette Ramírez, de Coahuila. El de Tlaxcala aprovechó para pronunciarse contra la izquierda "chuchi- sta, servil y entreguista"; la asamblea lo respaldó al grito de "¡fuera chuchos! ¡Viva López Obrador!"

Enrique González Pedrero hizo el primer diagnóstico sobre la situación nacional, como preámbulo a la presentación del proyecto alternativo de nación. A nuestro México pareciera irle de mal en peor, cada día hay más pobres, más desigualdad, más inseguridad, más violencia, menos Estado, más mercado... Hay dos caminos frente a lo que nos ocurre: huir o enfrentar la realidad. Para que viva México y no se nos vaya de las manos, tenemos que organizarnos, para rehacerlo, para reconstruirlo, subrayó el intelectual.

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Andrés Manuel López Obrador advirtió que la mafia del poder impulsará a su candidato presidencial como si fuera un producto chatarraFoto María Meléndrez Parada

Elena Poniatowska condenó que el techo, el sustento, la educación y la cultura sean las dos mitades de la manzana que no les tocan a más de 2 millones 300 mil niños que se quedan sin escuela, y a 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El abandono de los jóvenes por parte del gobierno es un crimen que el futuro nos cobrará muy caro, advirtió.

La escritora y periodista expresó que si se elevara el nivel educativo de los mexicanos, nuestro país sería más democrático, más solidario y más culto, porque la educación incluye a todos: maestros, alumnos, padres de familia, sociedad y gobierno. Un pueblo educado tiene más elementos para condenar los actos de impunidad y de corrupción de sus gobernantes, y no cae en la adulación o el servilismo. Una educación laica y gratuita crea ciudadanos críticos que no tienen miedo de expresarse.

El investigador universitario Armando Bartra enfatizó que México está en peligro, porque lo arruinaron los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Dijo que ha llegado la hora de reconstruir a México, porque el país necesita una profunda mudanza que nos saque del marasmo, que nos saque de la decadencia.

López Obrador indicó en su turno los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación para el gobierno honesto, austero y democrático que pretende encabezar: Rescatar las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo, promover una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convertir al Poder Judicial en un auténtico farol de la ley, porque pareciera que estos jueces de consigna siempre están prestos a escuchar en qué sentido quieren la resolución de los potentados, para nada más encargarse de construir la justificación jurídica.

Democratizar a los medios de comunicación, para garantizar la competencia y el derecho a la información; recuperar la riqueza y los bienes públicos concesionados por encima de la Constitución, en lo que se refiere a la minería, la industria eléctrica y el petróleo; acabar con la corrupción; reducir a la mitad los sueldos de altos funcionarios públicos; terminar con el derroche y los privilegios de la alta burocracia; crear un estado de bienestar que incluya pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población; garantizar los espacios en las preparatorias y universidades públicas; becas para estudiantes de escasos recursos y un programa de mantenimiento y construcción de vivienda.

En materia económica, impulsar la actividad productiva y la creación de empleos; rescatar el campo del abandono, producir los alimentos en México; construir tres refinerías. Convertir el sector energético en palanca del desarrollo nacional para crear empleos e industrializar al país; apoyar a las pequeñas y medianas empresas, industrias y comercios; proteger los recursos naturales, no permitir los monopolios, promover una reforma fiscal progresiva orientada a terminar con los privilegios fiscales de que gozan los potentados del país, como el llamado régimen de consolidación fiscal; gravar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores; que el presupuesto sea realmente público y se dé preferencia en él a los pobres, así como crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales.


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Inadmisible, reducir las pensiones: Manlio Fabio (El Financiero)
Política - Lunes 26 de julio (04:26 hrs.)

  • Promoverá el Senado reformas para proteger derechos de los trabajadores
  • Exhortarán al Consejo Técnico del IMSS a no aprobar el ajuste
  • Piden a SCJN dejar sin efecto la tesis de jurisprudencia
  • Por Jeanette Leyva / Rivelino Rueda

El Financiero en línea

México, 26 de julio.- La reducción en el monto de las pensiones de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no resolverá el problema financiero por el que atraviesa el organismo de salud y sí perjudicará a millones de trabajadores en sus derechos adquiridos.

Por ello, el coordinador de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, anunció que promoverán las reformas necesarias para proteger el patrimonio y los derechos de los asalariados.

Además "estaríamos exhortando a los integrantes del Consejo Técnico del IMSS a no aprobar el ajuste a las pensiones, de la misma forma que, de manera respetuosa, ya hemos llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la tesis de jurisprudencia que limita a la baja el monto de las jubilaciones".

Beltrones consideró que las pensiones de los trabajadores son un derecho adquirido por trabajo propio, son garantía constitucional y sería inadmisible reducirlas.

El criterio jurisprudencial recién emitido por la SCJN, que propone disminuir de 25 a diez salarios mínimos el límite superior de las pensiones de los trabajadores, no resolverá los problemas financieros y demográficos que están en el fondo del asunto, subrayó.

"Todos saldríamos perdiendo: los trabajadores recibirían pensiones de pobreza, las empresas verían afectados sus activos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentaría una situación de inseguridad jurídica que nadie desea.

"Haremos una firme defensa de los derechos de quienes ya trabajaron y cotizaron a lo largo de su vida laboral para asegurarse un retiro digno.

"Ahora están en riesgo de ver reducidas sus pensiones hasta en 60 por ciento, y ser obligados a trabajar hasta que la muerte llegue."

En una reunión de evaluación con legisladores del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Beltrones consideró que de entrar en operación esa reforma, el impacto sobre las empresas también sería devastador, porque la recuperación económica es apenas incipiente.

Las unidades productivas "estarían obligadas a financiar planes de pensión adicionales para los trabajadores y a incrementar sus contribuciones a la seguridad social pública; en paralelo, el IMSS enfrentaría demandas por la aplicación retroactiva de una nueva norma, que además podría incentivar el crecimiento de la economía y el empleo informal". (Con información de El Financiero/APB)


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Amaga oleada de demandas de empresarios y trabajadores contra el IMSS, advierte (La Jornada)

Genera incertidumbre laboral dictamen de la SCJN sobre recorte a pensiones: abogado

Considerarán que pagaron cuotas de más si se fija el tope en 10 salarios a los nuevos jubilados, dice

Foto
Fachada del edificio principal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la ReformaFoto José Núnez
Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 27

Empresarios y trabajadores podrían emprender una oleada de demandas legales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para demandarle una retribución de cuotas, en caso de que el consejo técnico de este organismo decida aplicar los criterios emitidos la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la reducción en el porcentaje de las jubilaciones.

El abogado Mario Yáñez, de la firma Santamarina y Steta, explica en entrevista que el fallo de la Suprema Corte provoca incertidumbre en el ámbito laboral, y advierte que, de aplicarse, generará impactos negativos en las finanzas de las empresas y en el mismo IMSS, así como en las percepciones monetarias de los nuevos jubilados.

La SCJN emitió una resolución según la cual se reduce de 25 a 10 veces el salario mínimo el tope de las jubilaciones, lo que significará una merma hasta de 60 por ciento en los ingresos de los trabajadores retirados.

El Seguro Social estudia si decide aplicar los criterios de los magistrados mediante el consejo técnico, mientras la iniciativa privada, legisladores y juristas han criticado la resolución del máximo tribunal.

Yáñez explicó que muchas empresas cuentan con planes de pensión privados en los que existen recursos garantizados, y parte de los fondos es la prestación que otorga el IMSS, en tanto el empresario otorga un remanente.

Las aportaciones en esos planes se sustentan en los 25 salarios mínimos, pero si se aprueba el fallo de la SCJN el monto de dinero que se entregará a los trabajadores será menor, afirmó el especialista. Los recursos faltantes deberán ser cubiertos por los patrones para poder garantizar las pensiones bajo ese sistema.

Al cubrir ese hueco, afirmó Yáñez, las empresas sufrirán un impacto contable y financiero, lo que explica en mucho las críticas del sector privado tras la decisión de la Suprema Corte.

Por otro lado, si se fija el tope en 10 salarios mínimos a los nuevos jubilados, las aportaciones hechas habrán volado, por lo que patrones y trabajadores considerarán que pagaron cuotas de más al Seguro Social, manifestó Yáñez.

Perjuicios a desempleados

El nuevo criterio de la SCJN perjudicará además a las personas desempleadas que decidieron continuar aportando sus cuotas al seguro en forma voluntaria, advierte el abogado.

Por todo lo anterior, Yáñez consideró que si el consejo técnico del IMSS aprueba los criterios de la Corte sobrevendrá una avalancha de demandas solicitando la devolución de cuotas pagadas en exceso, y si se resuelven en favor de los quejosos el impacto financiero en el organismo de salud será importante.

Definitivamente se ha dicho en los últimos años que las finanzas del Seguro Social no son sanas, y las demandas lo afectarán aún más dadas las cantidades que deberá devolver, aseguró Yáñez.

Sostuvo que la resolución de la Corte, más allá de si es justa o no, genera incertidumbre en mucha gente porque no sabe cuál es el monto de sus pensiones y desconoce en qué terminarán sus aportaciones de varios años atrás.


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Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

El trabajador, indefenso ante el IMSS (CNN Expansion)

El trabajador, indefenso ante el IMSS (CNN Expansion)

Si el Instituto decide cortar la pensión, será el trabajador ya jubilado cuando pueda quejarse; expertos de Deloitte destacan que la Suprema Corte de Justicia ignoró la Ley del IMSS de 1997.

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Con la reducción de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México, de la cifra que se utiliza para calcular la pensión de los jubilados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ignoró el artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997 (LSS-97) y deja indefensos a los trabajadores que pueden ver cortada su pensión hasta en un 60%, si el IMSS decide aplicar la jurisprudencia dictada por la Corte.

Ante esta situación, el trabajador no puede tomar una acción legal, sino hasta que sea jubilado y través de un amparo o de un procedimiento contencioso que podría ser valorado por un especialista, en este caso de la ley en particular, dijo Brenda Terán, gerente de Impuestos y Servicios Legales, en Deloitte México.

"En nuestra opinión, el único que puede llevar a cabo una acción legal es el jubilado. Sin embargo, puede haber otros afectados en el camino como las empresas que tengan un plan de pensiones privado complementario a las pensiones del seguro social, sin embargo, éstas no fueron afectadas en su esfera jurídica, su problema es contractual", dice Efaín Bastida, Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México.

Dejan en claro que el trabajador en activo no puede hacer nada porque está cobrando un sueldo, no una pensión y podría llevar una acción legal hasta que se jubile.

Sin embargo, advierte del efecto negativo que esta medida tendrá sobre la pensión del jubilado. Por ejemplo, si una persona de 65 años que cotizó  durante 35 años, y únicamente tiene a su esposa como dependiente económico y su cotización estaba en los límites máximos, estaría percibiendo una pensión de entre 35 y 40,000 pesos mensuales. 

Estima que esa pensión disminuiría a un nivel de entre 13 y 15,000 pesos aproximadamente. Menos de la mitad, es decir, se convertiría en un 40% aproximadamente de lo que viene percibiendo hoy en día.

La decisión de aplicar la jurisprudencia queda en manos del IMSS, pero si en este momento el Consejo Técnico optara por aplicarla, las pensiones de un grupo muy importante de jubilados disminuirían 60%, pero automáticamente el IMSS cancelaría del balance general una parte del pasivo que es muy importante y el balance se vería mejor.

"No sabemos si el IMSS le esté apostando a la estadística y que probablemente sea un tema que tenga elementos para ganarlo en los tribunales. Sin embargo, no todos de los pensionados que se verían afectados van a iniciar un litigio, en el camino si algunos demandan probablemente cometerán errores en el proceso legal y de 100 ganarían 20 jubilados, con lo que el IMSS tendría un buen terreno".

Este es un tema fiscal, legal, financiero y contable, pero más que nada es un tema social "por el grupo de gente de la que estamos hablando, que se encuentra en la última etapa de su vida, y ya sufrió un desgaste físico, mental y de repente quitarle el 60% de la pensión, le cambias la vida", dice, Bastida.

El artículo transitorio 25 de la LSS

Este artículo establece que el límite máximo para cotizar en las ramas de invalidez y vida, y cesantía y vejez se incrementaba a partir de esa fecha de 10 a 15 veces. Por lo tanto, esto necesariamente debió tomarse en cuenta al establecer la Ley actual que el salario para el pago de las jubilaciones será el promedio del de las últimas 250 semanas de cotización.

En el artículo 25 transitorio de dicha ley, se menciona que el límite máximo de cotización al cual  puede llegar un trabajador será de 25 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México, mencionan Bastida y Terán.

"Hubo un régimen de transición que establecía que hasta el 30 de junio de 1997 el límite máximo para fijar la jubilación era de 10 veces el salario mínimo porque ese mismo límite era con el que el trabajador cotizaba", dice Bastida.

Explica que a partir del 1 de julio de 1997, hubo un periodo de transición que duró 10 años en el cual ese límite máximo se incrementó de 10 a 15 veces, ya que así quedó establecido en el Artículo 25 transitorio de la Ley.

"Ahí se estableció que llegaría ese límite máximo a 25 veces el 1 de julio de 2007, pero en con ese régimen transitorio, en el cual fue creciendo un salario mínimo por cada año. Esto, necesariamente debió ser considerado por la Suprema Corte".

Cuestionado respecto a por qué la SCJN no lo tomó en cuenta, menciona que "es algo que (los magistrados) tendrán que decir. No podemos ignorar que las dos leyes están vinculadas (la de 1973 y la de 1997), toda vez que las reglas para solicitar una pensión establecen que el promedio con el que se va a otorgar esa jubilación será el de las últimas 250 semanas cotizadas".

Ese límite no fue ni de 10 ni de 25 veces; esto depende de la fecha en la que el trabajador se jubiló.

"Por ejemplo, si un trabajador se jubiló el 30 de junio de 2010, cotizó al IMSS con 23, 24 y 25 veces el salario mínimo en estas ramas de aseguramiento en diferentes periodos, pero a partir del 1 de julio de 2007, cotizó  con ese límite máximo de 25 veces".

La legislación en materia del Seguro Social es muy compleja, expone, y con esa misma complejidad es que está redactada esta jurisprudencia y entenderla cuesta trabajo.

Destaca que aquellos trabajadores que cotizaron equis número de semanas con anterioridad al 30 de junio de 1997, y cruzaron la línea de las 2 leyes el 1 de julio de 1997, tienen la opción de jubilarse con la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS-73) o la LSS-97, ésta última no ha cambiado con la decisión de la Suprema Corte.

La mayoría de la gente en esta situación, está optando por jubilarse con la ley de 1973 porque le conviene más desde el punto de vista económico. "Esa opción de jubilarse con la ley de 1973 tiene ingredientes legales tanto de la LSS-73 como de la LSS-97, que es la que está en vigor, porque el régimen, precisamente, de cómo se calcula la pensión, es de la ley de 1973", indica.

Sin embargo, "el salario promedio con el cual se determina la jubilación lo marca la ley de 1997, vigente, y dice que será el promedio de las últimas 250 semanas. Nada más que la SCJN toma en cuenta la LSS-73, dónde el límite máximo que estaba en vigor era de 10 veces el salario mínimo general, ignorando que el trabajador cotizó con 23, 24 y 25 veces el salario en las diferentes capas para sumar las 250 semanas. Y es precisamente la incongruencia que vemos".


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Imagen Marcha apyo al SME 29 enero 2010

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